El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el organismo estatal que paga los salarios o indemnizaciones de empresas quebradas o insolventes que no pueden atender sus obligaciones con los trabajadores.acaba de despedir a 8 de sus administrativos en Valencia, trabajadores eventuales, pese al colapso de su oficina en la ciudad.
La entidad pública justifica los despidos, efectivos desde el 31 de diciembre, por la externalización del servicio, subcontratado a Tragsa,la empresa pública utilizada, por ejemplo, para limpiar las calles de Madrid con motivo de la huelga de limpieza de noviembre de 2013. Esta decisión ha conllevado el traslado de miles de expedientes desde la oficina de Valencia y otras –por ejemplo, la de Alicante- a Madrid.
En la Comunidad Valenciana hay pendientes de pago cerca de 300 millones de euros a 80.000 trabajadores, normalmente personal despedido sin las compensaciones pertinentes por falta de fondos en su anterior empresa. Aunque en otras partes de España los expedientes se resuelven en 6 meses, en la Comunidad Valenciana este proceso –muchas veces vital para que gente sin trabajo tenga ingresos- se alarga hasta tres veces más.
Según las cifras facilitadas por el Fogasa a los sindicatos, Valencia es el lugar, inmediatamente por delante de Madrid y Barcelona, donde con más lentitud resuelve el Fogasa los expedientes, informaCinco Días. En julio, un juzgado de lo social de la ciudad condenó a la entidad por su retraso en resolver la petición de dos trabajadores: tardó 10 meses en contestar pese a que tiene un plazo legal de 90 días.
En 2012, el Fogasa tramitó en la Comunidad Valenciana expedientes que afectaban a cerca de 10.000 empresas y más de 30.000 trabajadores y por los que pagó 186 millones de euros. Sólo Cataluña superó esa cifra. El colapso del Fogasa, consecuencia de la magnitud de la crisis, se está intentando resolver reforzando a los funcionarios con los servicios de una empresa pública estatal, Tragsatec, que está gestionando parte de los expedientes atascados.