La Fundación Aulamar, que promovía la navegación entre menores con diversidad funcional y con riesgo de exclusión social, quiso dar a la sociedad lo que esta le había dado. Su presidente, un directivo de la industria armamentística con muchos contactos en el Partido Popular que después llegaría a ministro, Pedro Morenés, tiró de influencias para conseguir fondos privados y rehabilitar un velero de grandes dimensiones llamado Gure Izar, antes Gure Cita, que acercara su pasión a jóvenes y niños con dificultades económicas y físicas. La obra filantrópica del exministro costó a las arcas públicas valencianas 1.570.000 euros.
Corría el año 2005 y la Fundación Aulamar conseguía unos créditos del Ministerio de Industria para la transformación del barco escuela de 39 metros de eslora y con capacidad para albergar 32 camas, pero necesitaba los avales suficientes para esta inversión millonaria. Pedro Morenés tiró de agenda y de sus contactos en el todopoderoso PP de Francisco Camps en la Comunitat Valenciana -en España los populares acababan de perder el Gobierno central- donde le dieron la oportunidad de conseguir un aval que hiciera realidad su proyecto a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco público de la Generalitat.
En el banco público se estrujaron el cerebro para encajar una garantía que de ninguna manera podían dar al estar la fundación radicada en Madrid, fuera de la Comunitat Valenciana. Entonces, a alguien se le encendió la luz y recurrió a la ayuda de José Luis Olivas, quien había sido presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003 y en 2005 pilotaba Bancaja, la tercera caja de España. La entidad privada dirigida por políticos del PP aceptó ofrecer el aval, pero obligó al IVF a firmar un reaval para tener garantías de cobro.
La inversión, en este caso filantrópica, acabó mal con un aval fallido y los 1,5 millones se han quedado sin pagar al ministerio, según reveló en rueda de prensa el actual director del IVF, Manuel Illueca, que había salido esta semana a la palestra a explicar la operación de quita del banco público a Editorial Prensa Ibérica para la compra de Grupo Zeta y en la que se ha visto salpicado el presidente de la Generalitat Ximo Puig. Illueca hizo público este pufo y criticó al PP valenciano por atacar su gestión, “que ha funcionado como la de la banca comercial”.
En estos momentos, según explican fuentes del IVF, el ministerio no ha visto ni un euro y desde 2016 viene ejecutando las garantías de los 1,5 millones que avaló Bancaja y reavaló el banco público. De hecho, el IVF tiene abierto un pleito con Bankia, el banco heredero de Caja Madrid y Bancaja, porque la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se niega a asumir la deuda al alegar que las garantías las daba el banco público.
Por su parte, el IVF pretende que Bankia comparta al 50 % el agujero generado por la entidad filantrópica de Morenés.
La Fundación Aulamar está inactiva, pero su web informativa continúa abierta a quien quiera consultarla. Este periódico se ha puesto en contacto con el teléfono de gestión que está fijado en la página pero no está operativo. La pregunta que surge a cualquier ciudadano es, ¿por qué esta fundación privada no devuelve el dinero que en su día pagó? ¿La propia fundación no tenía patrimonio propio para hace frente a parte de la deuda? ¿Dónde está la joya de la corona, el buque escuela de Aulamar? ¿Y el exministro?
Mientras, el IVF y Bankia pelean por un agujero que no han generado sus actuales gestores.