Una administración en quiebra es propietaria directa o indirectamente de varios de los clubs más importantes de su territorio. Esta situación kafkiana se produce en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha invertido cerca de 130 millones en la propiedad de varios equipos y directamente ha perdido 235 millones en la gestión de sus derechos de televisión a través de su televisión autonómica, Canal 9.
Valencia Club de Fútbol
En febrero de 2013 la Generalitat, que apenas atiende sus obligaciones con los proveedores, pagó 4,5 millones a Bankia por el aval que en 2009 le concedió el banco de la Generalitat –el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- a Bancaja para que la Fundación del club pudiera suscribir una ampliación de capital de 80 millones de euros.
En aquel momento, el club, en quiebra técnica, no podía pagar a sus acreedores, ni siquiera sus pagos corrientes. El gobierno valenciano, entonces presidido por Francisco Camps, urdió con Bancaja –ya desaparecida- una ampliación de capital que evitaba el concurso de acreedores de la entidad o su toma por inversores buitre de dudosas intenciones.
Lógicamente, el banco sólo prestó ese dinero con el aval de la Generalitat a través del IVF. La Fundación, ahora propietaria del club con el 70% de las acciones, no puede hacer frente a sus obligaciones. Bankia se plantea ejecutar el aval, algo que no puede hacer después de que un fallo de un juzgado de primera instancia lo considerara ilegal. La decisión está recurrida. Y el club, en el alambre.
Hércules
Más estrambótico, si cabe, es el caso del Hércules. La Generalitat pagó en enero de 2012 casi 19 millones de euros a la CAM por un crédito impagado por el club alicantino y que, previamente, había sido avalado por el IVF. El dinero fue, esencialmente, para pagar primas a los jugadores y a manos de Hacienda, el acreedor preferente del club propiedad, entonces, del empresario Enrique Ortiz.
La Generalitat, al responder por el préstamo, tenía derecho a quedarse el 82% de las acciones del club o la propiedad del estadio, pero un error jurídico y la entrada en concurso de acreedores de la empresa de Ortiz propietaria del estadio José Rico Pérez han dejando la situación en un punto de indefinición. Es decir, 19 millones después, los valencianos no tienen ni club ni estadio.
Elche
En marzo de 2012 la CAM ejecutó el aval del IVF que sirvió para que la Fundación del Elche pidiera un préstamo de nueve millones con el que cubrir los gastos corrientes del club. Aunque la Generalitat tenía pignoradas acciones por el 40% de la institución, nunca ha ejercido su derecho a quedarse con la entidad ilicitana que, de momento, atiende otro préstamo de 5 millones del Banco de Valencia también avalado por los contribuyentes.
Levante
El Levante, que entró en concurso de acreedores en 2008 con una deuda de 88 millones de euros, también recibió un aval de la Generalitat: 5,5 millones de euros frente a un préstamo de Caixa Penedés. De momento, la Fundación de la entidad azulgrana está cumpliendo con sus pagos sin problemas.
Villarreal
Es el único club de élite sin avales de la administración. Es más, renunció en noviembre de 2012 a 5 millones en ayudas públicas. Ahora bien, es cierto que, después del Valencia, es el club al que más dinero ha inyectado la televisión pública valenciana en su ruinosa incursión en la gestión de derechos de televisión.