Ninguneado por Mariano Rajoy, discutido por parte del PP, temeroso de que el caso Valmor acarree su imputación y sin la confianza de los valencianos, Alberto Fabra necesita cargarse de argumentos para que los electores confíen en él en las elecciones de mayo de 2014.
Uno de esos argumentos puede ser una bajada de impuestos. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha anunciado que estudia “una posible rebaja de impuestos”, concretamente, “adaptar” la tarifa autonómica del IRPF en la línea de la propuesta por sus compañeros de Castilla-La Mancha.
Los recortes son cosa del pasado y otros beneficios fiscales también están sobre la mesa. Todas estas medidas, dice Moragues, que acaba de firmar con los sindicatos la recuperación progresiva de los sueldos de los funcionarios, “son oportunas para la recuperación económica”. Pero, ¿puede rebajar impuestos una administración que gasta un 30% más de lo que ingresa?
A priori, no parece recomendable. La Generalitat está en quiebra. Es, en términos relativos, la administración autonómica más endeudada, su déficit (diferencia entre gastos e ingresos) sigue fuera de control pese a la política de recortes y, sencillamente, con lo que recibe del estado y sus impuestos propios, no puede pagar sanidad y educación, sus dos principales responsabilidades y partidas de gasto.
Una vez se ha descartado que se reciba más dinero vía la reforma de la financiación autonómica, y finalizada la etapa de los ajustes, menos impuestos equivalen a menos ingresos, salvo una mejora de la economía que hoy por hoy no se vislumbra. Es decir, se engrosará la deuda o, aquellos proveedores de la Generalitat que no tengan asegurado el cobro –prácticamente, todos excepto los funcionarios- verán como la morosidad de la administración valenciana vuelve a subir. La bajada de impuestos sólo parece justificarse por interés electoral.