El Ayuntamiento de València cree que el PP ha puesto a fuincionar la máquina del fango el mismo coincidiendo con la sentencia de la Gürtel valenciana. El juzgado de Instrucción número 9 ha citado a declarar al alcalde Joan Ribó por la denuncia de un asesor del PP, que alega que no se le facilitó el expediente sobre la encuesta fallera del pasado año.
Fuentes municipales aseguran que el asunto lleva resuelto un año y que se facilitó la información requerida antes de la denuncia. “Concretamente, el 9 de marzo de 2017 se dio acceso al grupo Popular a la información que reclamaba, es decir, 3 meses antes de que este asesor presentara su denuncia”, explican estas fuentes. El consistorio recuerda que el mismo asesor, imputado en el caso Taula, ha interpuesto 15 denuncias que se han ido archivando en los tribunales. Además, ha recurrido a otras instancias como la Agencia Antifraude o a la Sindicatura de Greuges.
A juicio del equipo municipal, estas denuncias “solo persiguen continuar ensuciando la imagen de València, instrumentalizando la justicia por puro interés partidista” y recuerdan que 9 de sus 10 concejales están imputados, expedientados y suspendidos de militancia en el PP. El grupo “intenta hacer ver que todos son iguales”, lamentan desde el Ayuntamiento, que señalan que Ribó no está imputado por corrupción.
Desde la corporación provincial dudan que el anuncio haya sido casual, ya que este mismo lunes se ha conocido la sentencia de otra pieza de la trama Gürtel, que confirma la existencia de la financiación ilegal del PP en el marco de las elecciones municipales, autonómicas y al Congreso de 2007 y 2008.
En la denuncia, el asesor alega que se le negó información desde alcaldía, pero desde el Ayuntamiento aseguran que no tiene funciones de revisión ni control de los expedientes, como considera que tiene y expone en el escrito. El consistorio señala que contestó a más de 10 preguntas en el pleno y envió notas sobre este asunto al grupo popular.
Por su parte, los populares quieren remarcar que fueron sus concejales quienes pidieron la información, no el asesor. Además, insisten en que esta se facilitó 225 días después de ser requerida. “Que finalmente la mandara no exime a Ribó de haber cometido ese presunto delito por que se le investiga”, comentan fuentes del PP municipal. El concejal Félix Crespo considera que “la apertura de este proceso es consecuencia del despotismo y de la opacidad de su gestión y del desprecio al derecho a la información que tenemos los concejales de la oposición como representantes democráticos de los valencianos”.
Por otro lado, el Consell de Transparència zanjó el asunto cuando expresó “la desaparición sobrevenida del objeto de la reclamación”, al haber facilitado ya la información solicitada al grupo.