El PP prevé aprobar en solitario la nueva Ley de Señas de Identidad de la Comunitat Valenciana que incluye aspectos que han causado polémica como la defensa a ultranza y promoción de los 'bous al carrer', la creación de un Observatorio reconocidamente partidista que aconsejará qué asociaciones deben recibir o no financiación pública, pero también reconocerá oficialmente la capacidad de poder enseñar dos versiones gramaticales de una misma lengua, el valenciano.
De esta forma se quiere dar rango de oficialidad a una normativa diferente a la lengua impartida en las escuelas, institutos y universidades, la defendida por la comunidad científica internacional, que reconoce al valenciano como un dialecto del catalán; la normativa alternativa es la que defienden entidades conservadoras y que afirman que el valenciano es una lengua independiente del catalán. El PP quiere así que se reconozca “la capacidad docente de Lo Rat Penat y de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), tras su larga trayectoria en la defensa y promoción de nuestras señas y especialmente de nuestra lengua”, según ha defendido el portavoz 'popular' en las Corts, Jorge Bellver, en la comisión parlamentaria que debatía las enmiendas a la ley.
Pero la Generalitat además ha utilizado una estratagema legislativa para poder colar por la puerta de detras esta dualidad de la oficialidad lingüística: propone este reconocimiento docente a través de una enmienda del PP y no incluyéndola en la primera propuesta del Consell, así puede eludir el filtro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que únicamente examina la legalidad de la propuesta de la Generalitat. Con la inclusión de la propuesta vía enmienda se esquiva un informe desfavorable por colisión con el Estatut de Autonomía, que tiene a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como máxima autoridad lingüística, Academia que también defiende los postulados científicos y que le ha valido las críticas de la Generalitat, del PP, de Ciudadanos y de los sectores más conservadores.
De este modo el PP continúa alimentando de cara a los comicios al electorado más conservador y regionalista (el conocido también como 'blavero') como está haciendo también con los protaurinos. En contra de este reconocimiento dual y de la misma Ley se encuentra la comunidad científica internacional, las universidades, la AVL, el Consell Valencià de Cultura y los partidos de la oposición.