Cambio de discurso. Los centenares de seísmos provocados en Castellón por el Castor y la presión social y política parecen haber hecho mella en el rocoso discurso del gobierno valenciano, hasta ahora, favorable o al menos comprensivo con el proyecto de fracking presentado para el norte de Castellón.
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, secretario autonómico de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha reconocido en un debate en las Corts Valencianes que el plan presentado por la empresa Montero Energy, actualmente en fase de estudio, “puede producir riesgos importantes”. Sánchez-Barcáiztegui fue más allá: el gobierno valenciano “asume” el estudio hecho por un grupo de expertos para la Diputación de Castellón, que se opone al proyecto.
Este informe aludía a la “elevada fragilidad” del territorio –las comarcas del Maestrat, en el norte de Castellón- y a su “alta vulnerabilidad” tanto en subsuelo como en los acuíferos de la zona. Los expertos también reseñaban la falta de una normativa de carácter nacional sobre el fracking. Pese a todo, la Generalitat aún no ha dicho la última palabra.
El proyecto sigue en estudio. Aunque la Generalitat “no va a autorizar un proyecto que pueda suponer un riesgo”, la tramitación sigue su curso y sigue a la espera de superar –o no- la declaración de impacto ambiental. Los técnicos tienen ahora la palabra.
¿Qué es el fracking?
El fracking o fractura hidraúlica es una técnica que intenta extraer hidrocarburos (básicamente, gas y petróleo) del subsuelo inyectando en la roca grandes cantidades de agua mezcladas con sustancias químicas. Este sistema, intensamente utilizado en Estados Unidos o, en menor medida, en el Reino Unido, levanta discrepancias.
Por ejemplo, Cantabria ha prohibido el fracking en su territorio y, en general, su implantación está siendo lenta en Europa. Gran parte de la comunidad científica y la opinión pública advierten de los riesgos que para el medio ambiente implica una tecnica tan agresiva.
Pese a todo ello, Montero Energy, filial de la multinacional canadiense R2 Energy, ha solicitado permisos para estudiar la existencia de hidrocarburos y las condiciones necesarias para su extracción. La zona de actuación de este estudio comprende 200.000 hectáreas y a 41 municipios del Maestrat, en el norte de Castelllón.
La oposición vecinal ha sido total desde el principio. También la de parte de las fuerzas políticas. PSOE y Compromís han mostrado su rechazo al fracking desde el principio y, el PP de Castellón, tras su ambigüedad inicial, se ha posicionado contra el proyecto del fracking, seguramente empujado por el rechazo de muchos de sus alcaldes. La Diputación, de hecho, ha avalado el aludido informe realizado por un grupo de expertos contra el proyecto.