La Generalitat 'troceará' la Ciudad de la Luz para venderla y devolver 265 millones a Europa
El President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado este jueves que se está “ultimando” el acuerdo para la venta de la Ciudad de la Luz, el complejo cinematográfico ubicado en Alicante, y que espera que en las “próximas semanas” se cierren las negociaciones para “desbloquear” esa situación y poder iniciar la venta “por lotes” y al “mayor precio posible”.
Fabra ha contestado así al ser cuestionado por los medios sobre la situación de la Ciudad de la Luz tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso, ya que Bruselas dictaminó que las ayudas por valor de 265 millones de euros, otorgadas por la Generalitat a la Ciudad de la Luz no eran acordes con las directrices que marca la Unión Europea.
Sobre ese punto, Fabra ha explicado que el proceso de venta se está llevando a cabo “en permanente contacto con la Unión Europea” para que “no haya ningún tipo de distorsión” en la aplicación de “normativas autonómicas” con respecto a los “criterios europeos” y con el fin de “solventar el problema” del complejo instalado en la zona de Aguamarga.
“Estamos ultimando ese acuerdo y esperemos que en las próximas semanas ya se pueda acabar de ultimar esas cuestiones y desbloquear esa situación para Alicante y la Comunitat Valenciana”, ha insistido el presidente del Consell, quien ha manifestado que los acuerdos “están muy avanzados” y la “mediación” del Gobierno de España ha sido “fundamental” para llegar a ellos.
Preguntas del PSPV
Por su parte, la diputada socialista en las Cortes Valencianas Eva Martínez ha presentado una serie de iniciativas parlamentarias en la cámara autonómica para que la consejera de Educación y Cultura, María José Català, explique “cómo el Consell va a cobrarle a Aguamarga Gestión de Estudios SL, los 1,2 millones de euros que les debe en virtud de sentencia judicial”.
Martínez ha señalado en un comunicado que Català tiene que explicar “por qué” los abogados de la Generalitat votaron este miércoles “en contra del Convenio y Plan de Viabilidad propuesto por la empresa Aguamarga”, que está en concurso de acreedores, ya que con ello, “votó en contra de que esta empresa pueda ser viable económicamente y así pueda pagar la deuda que mantiene con Ciudad de la Luz”.
“Renunció en definitiva a cobrar de Aguamarga los 1,2 millones que tanta falta hace a los valencianos y valencianos”, según Eva Martínez, para quien “votar en contra de este acuerdo supone impedir que la empresa Aguamarga pueda seguir utilizando los estudios y por lo tanto obtener un rendimiento económico con el que poder pagar la deuda a Ciudad de la Luz”.
Asimismo, se pregunta “¿por qué la consejera Català, no propone a la Comisión Europea la posibilidad de seguir utilizando los estudios de cine en condiciones de mercado para poder generar un beneficio económico, con los que poder devolver los 265 millones de euros?”.
Según el PSPV, en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante este miércoles se celebró la Junta de Acreedores de Aguamarga Gestión de Estudios SL, en la que se votó el Convenio y Plan de Viabilidad propuesto por la empresa para salir de la situación y que había sido aceptado a trámite por el Juzgado e informado favorablemente por el administrador concursal.
La propuesta de Aguamarga consistía en reiniciar la actividad de los estudios y abonar las deudas pendientes de 4,9 millones de euros a lo largo de cinco años con la aplicación de una quita, reducción de la deuda, del 35%, dos años de reanudación de la actividad sin abonar cantidad alguna y a partir del tercer año la devolución sería del 10% ese año, del 30% el cuarto año y del 60% durante el quinto, de acuerdo con el PSPV.
Como garantía complementaria, “se planteaba el compromiso de aprobar una ampliación de capital de algo más de un millón de euros que permitiese a Aguamarga tener la capacidad económica suficiente para reiniciar la actividad paralizada a causa de la actuación de Ciudad de la Luz SA y poder afrontar los gastos durante los primeros seis meses de funcionamiento hasta que se obtuviesen los primeros beneficios”.
La parlamentaria socialista ha destacado que en el momento de la votación, los abogados de Ciudad de la Luz, “a los que hemos pagado 900.000 euros desde que prestan servicios a esta empresa pública, han rechazado la posibilidad de reanudar la actividad de los estudios y la propia viabilidad del convenio y han votado en contra”.
