Un sistema de la Generalitat valenciana desarrollado con Falciani destapará funcionarios y políticos corruptos
La Conselleria de Transparencia de la Generalitat valenciana está preparando una ley de transparencia y prevención de la corrupción. La norma pretende ser un cambio de paradigma entre la relación de los gobernantes y los gobernados, según ha anunciado el conseller del ramo Manuel Alcaraz. Entre los puntos más destacados de esta pionera legislación se encuentra el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN), una aplicación informática que debe avisar prácticamente en tiempo real cuando se esté produciendo una mala práctica en los procesos de contratación de la administración valenciana.
El analista informático Hervé Falciani, quien destapó una trama de evasores fiscales de todo el mundo en la división del HSBC en Suiza, ha asesorado a la Conselleria de Transparencia en la configuración de este sistema informático que, como ha dicho el subsecretario de Transparencia Alfons Puncel, “no pretende mirar hacia el pasado sino alertar de las malas prácticas en el presente”. Falciani lleva varios años ayudando al departamento valenciano a configurar sus diferentes sistemas de transparencia para blindar a la administración de casos de corrupción en el futuro.
SATAN está en este momento en pruebas y se pondrá en marcha a finales de año cuando se apruebe en las Corts la futura ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana. La Inspección General de Servicios será el departamento encargado de controlar la aplicación informática. SATAN cruzará los datos de los expedientes de contratación con el Registro Mercantil y los Registros de la propiedad para evitar corruptelas y revisará los expedientes de contratación de una administración con 17.000 millones de presupuesto.
Por ejemplo, el sistema alertará si algún alto cargo o funcionario está adjudicando contratos a empresas de las que sea administrador o propietario. También permite avisar a los inspectores de los posibles fraccionamientos de contratos en las diferentes consellerias, una práctica utilizada frecuentemente para evitar los contratos públicos. Eso sí, esta herramienta servirá para alertar, pero posteriormente se deberá confirmar que la mala práctica sea real antes de empezar cualquier expediente sancionador o realizar recomendaciones.
Auditoría ciudadana y pacto de integridad
La directora general de Transparencia, Aitana Mas, ha aprovechado también la reunión con periodistas de este miércoles para presentar la auditoría ciudadana y el primer pacto de integridad que suscribe un Gobierno autonómico y que en España solo se ha puesto en práctica en la ciudad de Madrid. Se trata de contratar unos “monitores” externos para que sigan y fiscalicen todo el proceso de contratación de una obra pública. En este caso se supervisará la construcción de un colegio en Aldaia (Valencia).
Para ello la dirección general de Transparencia y Participación ha licitado un contrato de 16.456 euros con Transparencia Internacional para la prestación del servicio de de supervisión y seguimiento de la ciudadanía. La ONG ha elegido a un arquitecto y una jurista que seguirán todo el proceso, desde la justificación de la necesidad de la obra a la adjudicación.
Mas ha justificado que se haya arrancado en la construcción de un colegio porque en la Comunitat Valenciana se produjo “el escándalo Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que acabó con una deuda de 1.700 millones”. Esta sociedad pública está siendo investigada dentro de la instrucción del caso Taula.
