La Sindicatura de Comptes ha advertido un desequilibrio patrimonial en la Administración valenciana de más de 2.600 millones de euros en su Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente a 2016, que ha sido entregado este viernes a las Corts.
Este desequilibrio es consecuencia de haber realizado gastos por 14.529,9 millones de euros y recibido ingresos por 11.892,9 millones.
Al cierre del 2016, los fondos propios negativos de la Comunitat Valenciana eran de 28.104,2 millones de euros, y la liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario negativo, de 2.189,5 millones de euros.
En el análisis del ejercicio 2016 se ha observado un crecimiento notable de los ingresos y una disminución de los gastos, y se destaca que, tras cinco años de estancamiento, se ha registrado un incremento de más del 10 % en los tributos cedidos, hasta los 9.765,3 millones de euros.
Mientras, los derechos reconocidos por pasivos financieros han ascendido a 6.967,8 millones de euros, la mayoría de los cuales procedió de préstamos concertados por el FLA.
En este ejercicio se ha identificado igualmente una significativa reducción del déficit presupuestario, que no obstante aún permanece en un nivel muy elevado y superior a lo comprometido.
Reducción sustancial del déficit
El síndic major, Vicent Cucarella, ha destacado la “reducción sustancial del déficit respecto a 2015, tanto por el crecimiento de los ingresos como por la moderación del gasto” y ha insistido en que la falta de financiación afecta especialmente a las partidas dedicadas a protección social“.
“Si bien en educación o sanidad mantenemos un gasto similar al del resto de territorios, la infrafinanciación afecta con mayor intensidad a partidas destinadas a protección social y a otras como infraestructuras o investigación y desarrollo”, ha agregado.
El informe refleja que la deuda financiera de la Generalitat a 31 de diciembre del 2016 asciende a los 43.073,8 millones de euros, de los cuales 34.224 millones de euros corresponden a deuda proveniente de las líneas de crédito de los mecanismos extraordinarios de financiación a las comunidades autónomas.
Aunque la Sindicatura expresa una opinión favorable a las cuentas de la Administración, se han identificado nueve salvedades, entre ellas las 31 liquidaciones pendientes en las concesiones sanitarias de Alzira, Torrevieja, Dénia, l'Horta Manises y Elx-Crevillent.
También 37,9 millones de euros por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en concepto de ayudas a la vivienda o una provisión para riesgos por 488 millones para cubrir los compromisos adquiridos en Feria Valencia.
La institución recomienda al Consell incluir en sus presupuestos iniciales cuáles serán las transferencias que recibirá del Estado derivadas del sistema de financiación autonómico, calculadas “de forma realista”.
Sobre el IVF, se advierte de que “existe una gran concentración del riesgo por créditos y avales con el sector público valenciano, superior a los 840 millones de euros”.
En relación con CulturArts, la Sindicatura pone de manifiesto un “incumplimiento significativo” de las normas de contratación del sector público.
En el caso de los consorcios hospitalarios de Valencia y Castellón se emiten sendas opiniones desfavorables basadas, entre otros, en las “debilidades importantes en el entorno de control, gastos sin expediente de contratación y gastos sin consignación presupuestaria”.
Sobre las cuentas de las universidades públicas, se identifican “incumplimientos en la normativa de aplicación a la gestión de los contratos de investigación de la Universitat de València” y “también indicios de fraccionamiento indebido del gasto”.
“Sustantiva mejora”
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, subraya que el informe de la Sindicatura pone en evidencia una “sustantiva mejora” en la gestión del actual Ejecutivo autonómico respecto a etapas pasadas, al tiempo que muestra “el avance en la limpieza de desajustes y pufos hereddados del pasado”.
Por lo que respecta al déficit presupuestario de 2016, el resultado es “espectacular”. Así, de acuerdo con el “ajustado” resultado elaborado por el Síndic, el anterior Consell del PP, “trufado de casos de corrupción y mala gestión”, llegó a registrar un déficit presupuestario de 4.232 millones en 2011, que en 2014 lo dejó en 3.715 millones. En el primer año completo de gestión del actual Consell el déficit presupuestario ajustado por el Síndic fue de 2.085 millones. Es decir, un 50,7%, la mitad, que el Ejecutivo del PP en 2011 y un 44% menos que en 2014.
Por otra parte, el conseller ha expresado su satisfacción al observar cómo el Síndic “confirma la evidencia de nuestra infrafinanciación y que el FLA no es el método para asegurar la autonomía financiera sino todo lo contrario”. Asimismo, destaca que el Consell ha reducido el déficit y también, de forma significativa, todo el gasto extrapresupuestario. Todo eso habla de “una significativa mejor gestión de este Consell respecto a momentos anteriores”.