El Gobierno valenciano apuesta por el agua desalada, la reutilización y la depuración como alternativa de futuro a los posibles recortes del recorte del trasvase Tajo-Segura, aunque seguirá batallando para mantener este recurso. El Ejecutivo autonómico, consciente de las consecuencias del cambio climático y la escasez de precipitciones, que se han reducido un 12% en los últimos 40 años, prepara una serie de medidas para garantizar el agua a los regantes.
En este contexto de escasez de recursos hídricos, y tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto que regula el trasvase y que mantiene el recorte de agua escalonado, aunque con matices, el presidente Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que la Generalitat subvencionará el agua desalada para compensar el recorte. El Consell financiará el precio del agua a los regantes con 10 céntimos por metro cúbico, dejando el precio en 24 céntimos en lugar de los 34 que marca el Gobierno.
El dirigente socialista ha querido garantizar en su discurso en la sesión de control en las Corts Valencianes que los regantes que emplean el agua del trasvase tendrán recursos hídricos para continuar con sus actividades, en respuesta al reproche del PP y Ciudadanos sobre la decisión del Ministerio de Transición Ecológica.
El decreto incluye un caudal ecológico (caudal mínimo para poder trasvasar agua) de 7 metros cúbicos por segundo en 2023, de 8 metros cúbicos en 2026 y de 8,65 metros cúbicos por segundo en 2027, lo que en implica que en el peor de los escenarios la reducción máxima de agua trasvasable estará entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.
Con todo, Puig comentó que ha encargado un informe a la Abogacía de la Generalitat para determinar que “todo aquello que sea lesivo para los intereses de la Comunitat Valenciana se recurra”. En este punto, quiso poner de relieve también los aspectos positivos que se han introducido en el decreto tras las quejas del Gobierno valenciano y tras el dictamen del Consejo de Estado: “Hay cosas positivas como las inversiones, el acuerdo de la comisión de seguimiento de las masas de agua y de las inversiones, y por eso también vamos a instar inmediatamente a la creación de la comisión bilateral para fiscalizar el seguimiento de las inversiones y en esa comisión estarán presentes por primera vez los regantes”.
Desde la Conselleria de Agricultura que dirige Isaura Navarro coincidieron con el punto de punto de vista Puig y destacaron algunas de las novedades que incluye el documento: “En primer lugar, hemos conseguido que se incluya una referencia a estudiar la evolución del plan de inversiones en las cuencas receptoras, de tal manera que, tal como se indica en el texto, se analizará su impacto en la consecución del objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de la cuenca del Segura y de la mitigación del desequilibrio existente entre demanda y aportaciones naturales, expuesto en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura”.
También es igualmente destacable “el compromiso de realizar una nueva planificación hidrológica de los caudales ecológicos dentro de 18 meses”, así como “el considerable refuerzo del plan de inversiones para lograr mejoras en materia de desalación y reutilización de agua para obtener fuentes alternativas de suministro hídrico a buen precio”.
Además, “el decreto contempla también la creación de una comisión bilateral de seguimiento que estará integrada por tres representantes del Ministerio de Transición Ecológica y de la respectiva comunidad autónoma, un espacio de diálogo a través del que podremos articular mejoras”.
Las novedades incluidas en el decreto
Como informó elDiario.es, el decreto aprobado finalmente por el consejo de ministros incluye un par de apuntes a la disposición adicional novena: el primero de ellos establece que el contenido del 'Programa especial de seguimiento' incluirá “el seguimiento de los caudales ecológicos fijados en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo” así como “el análisis de su impacto progresivo en la consecución de las finalidades establecidas y de la clasificación de su estado ecológico”. En segundo lugar, el 'Programa especial de seguimiento' también incluirá “la evolución del plan de inversiones en las cuencas receptoras”, además del “análisis de su impacto en la consecución del objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de la cuenca del Segura y de la mitigación del desequilibrio existente entre demanda y aportaciones naturales, expuesto en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura”.
Por último, se añade al decreto la siguiente disposición final tercera sobre la actualización de la instrucción de planificación hidrológica: “En el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará una orden que actualice la instrucción de planificación hidrológica (...). En particular, la orden fijará los criterios técnicos y metodologías para la determinación de los caudales ecológicos para el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, con las especificidades que se requieran, y los criterios y el procedimiento para establecer una zonificación de las masas de agua subterránea como medida de protección, a efectos del otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.