Cerca de la mitad de los municipios valencianos obligados a tener un plan de prevención de incendios todavía no ha redactado ni presentado sus proyectos. La Fiscalía de Medio Ambiente comenzó a advertir el pasado año de que la ausencia de estos planes de prevención podría acarrear consecuencias penales para las corporaciones locales si se declaraba un incendio forestal en su término municipal.
El requerimiento se viene repitiendo desde que la Fiscalía desarrollara esta especialidad con escasa atención en algunos ayuntamientos. Entre 1992 y 2019, sólo 61 municipios valencianos habían presentado sus planes de prevención. Desde entonces, las leyes medioambientales se han ido endureciendo y también la presión sobre la prevención y el riesgo de incendios. La Ley Forestal de la Generalitat Valenciana establece la obligatoriedad de la redacción de estos documentos como instrumento de gestión en la prevención de los incendios forestales.
En 2019 la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que dirige Mireia Mollà, habilitó una partida de ayudas a municipios para desarrollar esos planes, con cerca de millón y medio de euros en ayudas a ayuntamientos. Desde ese año, el salto ha sido sustancial: de 61 municipios a un total de 268 tienen planes aprobados o en trámite en estos momentos. Del total, 255 municipios han recibido ayuda de la Generalitat Valenciana para elaborar los proyectos y las corporaciones provinciales también han habilitado partidas. Un ejemplo es el de la Diputación de Castellón, que aprobó el pasado junio las bases para colaborar con ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, con una partida presupuestaria de 100.000 euros para este fin.
Los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana se consideran zona de alto riesgo desde la aprobacón de una resolución en 2005, que obliga a las entidades locales con terrenos forestales en su territorio a redactar planes locales de prevención de incendios para sus respectivos términos municipales. Según el municipio y sus caraterísitcas, los planes tienen vigencia de entre 10 y 15 años, siempre sujetos a revisión cada 5 ejercicios. Sólo 17 municipios están exentos de esta obligación; en otras palabras, 525 municipios deberían contar con este plan.
La campaña de prevención de 2020 se prevé especialmente compleja por las consecuencias del cambio climático en las regiones mediterráneas y los comportamientos ciudadanos debidos a la pandemia. Los responsables de la Generalitat vaticinan un verano con mayor presencia de población en zonas rurales, lo que aumenta el riesgo de incendios si no se adopta una actitud prudente. Además, aunque los trabajos de prevención fueron declarados servicio esencial, las medidas de seguridad personal han dificultado la labor de los agentes forestales y las brigadas.