La gestión de las ayudas al alquiler de la Generalitat Valenciana puede calificarse de caótica. A la falta de presupuesto se suma el retraso en las resoluciones y en los pagos, que han provocado numerosas críticas a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, entre ellas la del Síndic de Greuges. Una batería de resoluciones publicadas entre agosto y septiembre han tratado de poner orden en un departamento lastrado por la falta de personal y de fondos, que empezó la legislatura con mal pie, y que trata de reconducir el rumbo.
El departamento que dirige Camarero convocó las ayudas de alquiler para 2023, cofinanciadas por el Gobierno central, en el mes de octubre. Estas ayudas se resolvieron nueve meses más tarde, ya en agosto de 2024, en un texto doblemente llamativo: en primer lugar, porque dejaba a más gente sin ayudas que con ellas, pese a cumplir los requisitos para obtenerlas; en segundo lugar, porque el Gobierno del PP reconocía que no había puesto ni un euro para estas ayudas en 2023, por lo que todo el montante de la anualidad (6,9 millones de euros) lo aportaba el ministerio. El Consell reconocía una partida de 4,4 millones de euros para las ayudas de este 2024, junto a los otros 6,9 millones consignados por el Gobierno central, que financia estas líneas con carácter bianual a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana -antes integrado en Transportes-.
En concreto, el Ejecutivo autonómico otorgó el mes pasado ayudas a 4.108 personas y descartó por falta de presupuesto 4.266 solicitudes, todas ellas correspondientes a 2023. Preguntados entonces por esta cuestión, en la Conselleria de Vivienda afirmaron que la convocatoria salió tarde porque el anterior Gobierno de Ximo Puig no había preparado las resoluciones -pese a que el traspaso de carteras se produjo en julio- y en consecuencia “se pasaron” los fondos a 2024 para evitar que se perdieran.
La Generalitat aseguró un día después que sacaría una nueva convocatoria, ampliada, con los remanentes y acuso a los socialistas, que airearon la denuncia, de no leer la resolución. La vicepresidenta insistió en que la citada resolución era una primera parte de las ayudas, algo que viene recogido en el texto, y aseguró que se ampliaría gracias a los remanentes de crédito del área de Vivienda. “Se van a ampliar y al final de año van a ser similares en porcentaje a las que había con el gobierno del Botànic”, dijo Camarero tras una visita oficial, con declaraciones respaldadas por el secretario autonómico de Vivienda, que insistió en la ampliación de crédito. Lo que no mencionaron ninguno de los dos responsables es que esos remanentes procedían del Gobierno central.
Casi un mes después del anuncio, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publica la ampliación de crédito, que es de 3,5 millones de euros y no corresponde a la Administración valenciana, sino al Gobierno central. Con esos 3,5 millones de euros se pretende 'repescar' a los 4.300 solicitantes que cumplen los requisitos y que quedaron fuera con un presupuesto de 6,9 millones de euros, una cifra de rescate que parece insuficiente para cubrir la mitad de las solicitudes.
La resolución está autorizada el 14 de agosto, dos días antes de la orden que deja fuera a la mitad de los beneficiarios de las ayudas, pero se publicó el 13 de septiembre. El texto reconoce que la aportación extraordinaria proviene, de nuevo, del ministerio. En concreto, dice: “Autorizar la aprobación del gasto para el incremento de la dotación (...) en 3.518.200,00 euros procedente de los fondos finalistas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a cargo de los fondos remanentes de (...) los presupuestos de la Generalitat Valenciana”. Y sigue: “A consecuencia del incremento efectuado por importe de 3.518.200 euros, la cuantía total máxima de las ayudas a conceder resulta ser de 21.954.800,00 de euros, correspondiendo a la aportación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un importe de 17.500.000 y un importe de 4.454.800 a cargo de la aportación condicionada de la Generalitat”, correspondientes a las ayudas de 2023. Unos 4,5 millones que, cabe recordar, se “pasan” al siguiente año. Así, la aportación del ministerio supone tres cuartas partes del total del plan, dejando a la Generalitat apenas el 20,4% de la financiación del plan plurianual.
La Generalitat Valenciana también ha sacado recientemente las bases paras las ayudas de 2024, que dejarán de ser bianuales por la complejidad de la gestión. En el comunicado, el Ejecutivo saca pecho de haber aumentado un 59% la aportación a estas ayudas, que será de siete millones de euros por parte de la Generalitat y de 9 por parte del ministerio, sumando 16,5 millones en esta anualidad. En el presupuesto de Vivienda para 2024 hay consignada una línea de 6,9 millones de euros para estas ayudas.
La consellera de Vivienda acusó al Gobierno de Ximo Puig de dejar sin pagar miles de ayudas y provocar un agujero de seis millones de euros en las cuentas, espacio en el que justifican sus problemas presupuestarios. El Ejecutivo del Pacto del Botánico, formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, aportó en las dos últimas anualidades que gestionó (2022 y 2023, consignadas el primer ejercicio) 9,7 millones de euros cada año, superando la aportación del Ministerio competente en vivienda, que fue de 8 millones por ejercicio. El presupuesto del Botànic anual es el doble de lo que ha aportado la Generalitat del PP, sin tener en cuenta que en la convocatoria de 2023 el actual Consell no puso ni un euro.