Tras dos intentos fallidos, este miércoles finalmente ha declarado como imputada ante el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón en calidad de imputada por las presuntas irregularidades en el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón la que fuera directora general de Grandes Proyectos Cristina Morató, quien ha atribuido entonces conseller de Economía Gerardo Camps, la decisión de pagar a Santiago Calatrava los 1,3 millones de euros por el proyecto, que nunca se ejecutó.
Según ha explicado José Luis Romero, letrado de Esquerra Unida -acusación popular-, Morató ha explicado que cuando se hizo cargo de la coordinación de Grandes Proyectos (junio de 2009) deciden -junto al exdirector general de la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV), Nicolás Figueres, y el exconseller de Economía pagar a Calatrava, “asesorados por los técnicos y los abogados de Conselleria y la SPTCV”, ya que el trabajo “estaba hecho y había visos de que pudiera prosperar una demanda” del arquitecto valenciano contra la sociedad pública“.
Además, según el abogado de Esquerra Unida, Morató ha afirmado que llegó a pensar que Calatrava “aceptaba cobrar por la parcela inicial de los 16.000 metros y el edificio del Centro de Convenciones al precio orientativo que se estableció en el contrato de 60 millones de euros, pero que realmente el arquitecto dijo que a él se le habían pedido más cosas y que el trabajo había que pagarlo”. La exalto cargo del Consell no recordaba la presentación de la maqueta del Centro de Convenciones.
Comparecencia de Camps en Les Corts
Tras la declaración de Morató, EU considera que deja “en evidencia la intervención política para favorecer a Calatrava, al atribuir a Gerardo Camps, la decisión de ceder a las exigencias del arquitecto”. Por ello, el portavoz de esta formación en Les Corts, Ignacio Blanco, ha solicitado la comparecencia del exconseller en el parlamento valenciano, ya que, si Calatrava implico al expresidente Camps, Morató “ha tirado de la manta descubriendo al otro Camps, Gerardo”.
El diputado de Esquerra Unida considera que el exconseller debería “dar la cara ante los representantes del pueblo valenciano, que es quien ha pagado esos 2,7 millones de euros por un proyecto fantasma que nunca se va a construir”, mientras quedan a la espera de los pasos que dé el juez en la instrucción del sumario.