El Gobierno valenciano tiene la lección bien aprendida. Las prisas no son buenas consejeras y menos cuando se trata de gestionar una pandemia. Tampoco lo son los triunfalismos ni los excesos de confianza.
El ejecutivo que preside Ximo Puig ha llevado a cabo un cambio de estrategia que ha servido para mantener aún a día de hoy a la Comunitat Valenciana a la cola de España en cuanto a incidencia acumulada de contagios y para contener esta segunda ola, al menos hasta esta dos últimas semanas (justo a partir del puente de octubre), periodo en el que las cifras de nuevos positivos y hospitalizaciones se han incrementado de forma preocupante tanto en territorio valenciano como en el resto de autonomías.
El punto de inflexión de este cambio de produjo cuando el pasado mes de mayo, en pleno proceso de desescalada, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se apresuró a solicitar el paso a la fase 1 de toda la Comunitat Valenciana, lo que permitía por ejemplo el inicio de la actividad en la hostelería.
Tanto la consellera, Ana Barceló, como el propio Puig llegaron a dar por hecho previamente que el cambio de fase sería una realidad que finalmente solo se dio en primera instancia en 10 de los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, con la consiguiente frustración en gran parte de la ciudadanía, además del malestar generado entre el sector hostelero por los perjuicios económicos.
Este hecho provocó la reacción airada tanto de la Generalitat, al considerar que el Gobierno modificó a última hora los criterios establecidos para dar el visto al cambio de fase, dando un peso importante a la capacidad de realización de pruebas PCR en atención primaria. Sin embargo, la realidad era la Comunitat no estaba preparada en ese momento para avanzar por la escasa realización de test.
A partir de ese momento que supuso un auténtico jarro de agua fría, la prudencia y las medidas restrictivas que se han adoptado en los momentos y lugares en los que se ha detectado una mayor incidencia han sido el faro que ha guiado al Ejecutivo valenciano.
Para ello, ha sido fundamental la detección precoz de los brotes como mejor arma para frenar la incidencia de los contagios, labor en la que la sanidad valenciana ha volcado todos los esfuerzos desde que finalizó el estado de alarma el pasado 21 de junio, tanto desde atención primaria como desde Salud Pública.
Como consecuencia de este trabajo de prevención, hasta el pasado 7 de octubre se habían detectado 1.289 brotes en la Comunitat Valenciana, una media de 12 al día, la cifra más alta de toda España al suponer un 17,2% de los 7.456 focos detectados en todo el país en el mismo período.
Esto permitió a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública avanzarse a la hora de adoptar una serie de medidas que el pasado verano sirvieron para contener la transmisión. Entre ellas, a principios del mes de julio se aprobó el cierre del ocio nocturno en la ciudad de Gandia (medida en ese momento pionera en España), se confinó en agosto la localidad de Benigànim y se adoptaron medidas especiales para la ciudad de València, debido a la evolución epidemiológica que presentaba en ese momento.
Ahora, como informó el presidente Puig este jueves, el Gobierno valenciano ha iniciado los trámites para decretar el toque de queda entre la medianoche y las 06.00 horas hasta el 9 de diciembre, pese a mantenerse la Comunitat Valenciana como la segunda de España que menor incidencia acumulada, ya que presenta142,15 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Además, en los próximos días anunciará nuevas medidas complementarias.
El jefe del Consell reconoció que, pese a estar mejor que la mayoría de autonomías, la situación de la Comunitat es preocupante por la evolución de los datos, con un aumento de los contagios de un 45% en dos semanas y un incremento en octubre de personas hospitalizadas en planta de un 97% y del 65% en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Con todo, los porcentajes de ocupación son tan solo en estos momentos del 7,3% y del 12,3% respectivamente.
Sin embargo, nuevamente la prudencia y la evolución epidemiológica aconsejan la adopción rápida de medidas con el objetivo de no llegar a un confinamiento y poder salvar la campaña de Navidad, vital para la economía.