Estamos a las puertas del que sería el primer gobierno estatal de coalición desde la recuperación de la democracia en España. Si las negociaciones entre fuerzas políticas y consultas internas lo permiten sería, además, un gobierno de coalición con una agenda social y de progreso. Algo que no sucedía desde los tiempos de la segunda República española.
Aunque hay que admitir que ha tenido que ser el empeño de una ciudadanía más responsable que algunos dirigentes políticos la que haya puesto encima de la mesa lo evidente. Y es que la repetición de elecciones que acabamos de padecer no podía llevar más a que a una situación semejante a la que algunos pretendían conjurar.
Estamos de nuevo, aunque con seis meses de retraso y algo más de irritación ciudadana y deterioro de la convivencia, ante la obligación del PSOE y Unidas Podemos de articular agenda susceptible de sumar a otras fuerzas políticas dispuestas a hacerse cargo de la lucha contra una desigualdad que comienza a hacerse estructural y a adoptar medidas frente a la emergencia climática. Una hoja de ruta que incluya políticas de justicia social, lucha a fondo por la igualdad de género y erradicación de la violencia machista, profundización democrática y redefinición del modelo territorial.
Nos hemos pasado los últimos años debatiendo sobre el fin del bipartidismo y la reconfiguración del sistema político, pero nunca hasta ahora esa conclusión había alcanzado a expresarse con tamaña intensidad.
Desde ahora y durante los próximos años cualquier gobierno, sea cual sea su orientación, requerirá del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas. Ya sea bajo la forma expresa de gobierno de coalición, compartiendo solidariamente responsabilidades de gestión en el Consejo de Ministros, bajo la más liviana de acuerdo programático sin presencia ministerial, o de simple acuerdo de mínimos para asegurar una investidura.
Incluso en el improbable supuesto de que se frustrasen las actuales negociaciones y se llevase a cabo una nueva convocatoria electoral, el resultado solo puede desembocar en un resultado político plural, lejos ya de mayorías absolutas. Aunque de repetirse elecciones nuevamente lo que nos jugamos como sociedad es favorecer la agitación populista de una extrema derecha que podría convertirse en determinante para un gobierno, también de coalición, aunque con un programa político netamente ultraconservador.
Una repetición electoral no sólo podría ser letal para la confianza de la ciudadanía en las instituciones, además de consumir un tiempo y unos recursos económicos preciosos para atender otras prioridades, sino que daría alas a la estrategia de la ingobernabilidad a la que aspira la ultraderecha española. Una perspectiva que pone muy difícil a otras fuerzas políticas progresistas optar por el voto negativo a la investidura.
Es posible que en el preacuerdo suscrito entre PSOE y UP haya pesado más el instinto de supervivencia de sus respectivos dirigentes que un análisis sosegado de la complejidad de las tareas que va a tener que afrontar un gobierno plural entre fuerzas que no solo han competido electoralmente, sino que no han dudado en intentar neutralizarse políticamente.
Durante mucho tiempo habrá que invertir esfuerzos en limar la desconfianza mutua nacida de aquella confrontación y, especialmente, de la ausencia de teorización de unos y de otros sobre cómo habría de gestionarse un momento como este en el que el diálogo, el acuerdo programático y la responsabilidad compartida ante la ciudadanía se han convertido en insoslayables.
Por si esto fuera poco, el gobierno de coalición que pueda formarse tras superar el procedimiento de investidura tendrá que hacer frente a una legislatura muy complicada. La Unión Europea y los poderes empresariales y financieros mantendrán su presión en la dirección de seguir con recortes en derechos y servicios públicos. Por otra parte, la crisis territorial demandará de una gran capacidad de diálogo y flexibilidad para articular un proceso de reformas asumibles desde posiciones ahora enrocadas.
Por encima de su reciente participación en seis gobiernos autonómicos de coalición, este es de verdad el momento de pérdida de la inocencia para Podemos. Lo admitía el propio Iglesias en su carta a la militancia cuando anticipaba que iban a encontrarse con “muchos límites y contradicciones” y que tendrían que “ceder en muchas cosas”.
Y es que gobernar “mancha”. Además de tener que compartir decisiones espinosas, el riesgo de defraudar las expectativas de los sectores sociales golpeados por la crisis y sus secuelas estará presente y el de caer en la simple y anodina institucionalización, también.
No será fácil demostrar con hechos que valía la pena exigir con tanta insistencia estar presente en un gobierno que lo más probable es que no goce de mucho margen de maniobra.
Estos son tiempos inéditos que exigirán grandes dosis de imaginación y audacia para hacer frente a una recesión que anticipa transformaciones profundas que apuntan a estrechar aún más las condiciones vitales y oportunidades de futuro de esa mayoría social a la que se quiere representar.
Por eso, ahora que nadie habla ya en Podemos de “sorpasso” al PSOE, hay que reflexionar y mucho en cómo afrontar con humildad y talento la tarea de articular la cooperación con el antaño rival político con la finalidad de dar respuestas realistas y efectivas a las demandas y aspiraciones de una ciudadanía que merece y necesita con urgencia que sus representantes sepan estar a la altura de este momento histórico.
*Antonio Montiel Márquez, abogado y politólogo. Coautor del libro “Acord del Botànic. La vía valenciana para el cambio político” (Balandra ed.).Acord del Botànic. La vía valenciana para el cambio político“ (Balandra ed.).