España, a diferencia de otros países que han sufrido dictaduras, conoce más bien poco sobre los órganos represivos del franquismo tras cuatro décadas de democracia. Ni siquiera se conoce cuántos agentes conformaron la policía política durante el franquismo ni cuántas medallas pensionadas obtuvieron por detener demócratas.
El Gobierno, en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, asegura que “no existen registros con la relación de funcionarios que componían la Brigada Político Social (...) ya que al ser datos históricos no automatizados en el actual Sistema de Gestión Policial, la información no se encuentra recopilada en la División de Personal”.
El senador Carles Mulet había solicitado al Gobierno una lista de “todos los miembros” de la Brigada Político Social, así como la relación de medallas pensionadas que obtuvieron. Tras una primera respuesta —“vergonzosa”, según Mulet— el senador de Compromís repreguntó si el Ejecutivo pensaba automatizar los datos solicitados.
El Gobierno, en la última respuesta, reconoce que “no tiene, en la actualidad, como prioridad automatizar los registros solicitados”. “La prioridad absoluta es la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, añade.
La Brigada Político Social hunde sus raíces más lejanas en la represión del anarquismo a finales del siglo XIX pero, con la instauración de la dictadura franquista, cobró un protagonismo en materia de represión política que se alargó hasta su disolución en 1978. Las denuncias por torturas fueron sistemáticas.
Reorganizada con ayuda de la Gestapo nazi en la posguerra, a partir de la década de 1950 sus agentes más destacados fueron adiestrados por la CIA estadounidense, tal como reveló este diario. Los primeros gobiernos democráticos reciclaron a muchos de sus componentes en la lucha antiterrorista, una situación que muchos antiguos antifranquistas torturados vivieron con horror y resignación.
Hoy en día, la investigación de la policía política del franquismo se ha limitado a un puñado de trabajos periodísticos e historiográficos, una situación muy diferente a países como Alemania, Portugal (donde existe un museo sobre la PIDE salazarista) o Argentina, un país que convirtió el antiguo centro de torturas de la ESMA en un museo para la memoria.