Paralizada. Esta la situación real a en estos momentos de la ampliación del puerto de València tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid según la cual la condición de órgano sustantivo vuelve a pasar de forma cautelar de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Puertos del Estado.
La cuestión no es menor ya que el órgano sustantivo es el encargado de solicitar los trámites ambientales. En este caso, la APV considera que la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 está en vigor y es válida para el nuevo proyecto, pese a que los cambios introducidos en el mismo no se ajustan a los parámetros establecidos por la propia DIA.
Tras el fallo judicial motivado por la denuncia de la Comissió Ciutat-Port, todo queda paralizado hasta que Puertos del Estado determine mediante un informe motivado si la DIA de 2007 es válida o no, un documento del que dependerá que el consejo de ministros apruebe el polémico proyecto.
A pesar de que el presidente de la APV, el socialista Aurelio Martínez, trató de pasar de puntillas sobre este tema tras el consejo de administración celebrado este viernes asegurando que “da igual quién sea el órgano sustantivo, no va a cambiar nada” e intentando hacer ver que el proceso administrativo sigue adelante, incluso aventurándose a afirmar que “el consejo de ministros le dará el visto bueno al proyecto en enero”, la realidad es bien diferente como él mismo tuvo que reconocer más tarde ante las insistentes preguntas de los medios.
Martínez explicó que “Puertos del Estado deberá de elaborar un informe para que el consejo de ministros cuente con toda la información y documentación para que lo aprueben” y aseguró que “la decisión final será la misma” porque “Puertos del Estado piensa más o menos exactamente igual que nosotros”.
El auto judicial suspende cautelarmente la resolución adoptada el 30 de marzo del pasado año por el Ministerio de Transición Ecológica en virtud de la cual se pasó la condición de órgano sustantivo de Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), por lo que ahora el organismo estatal recupera esa condición de órgano sustantivo hasta que haya un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
Tal y como informó elDiario.es, el informe de la Abogacía del Estado del que se dio cuenta en el consejo de la APV del pasado 2 de diciembre en el que se aprobó la polémica ampliación norte con los únicos votos en contra del alcalde de València, Joan Ribó, y del secretario autonómico de Compromís Iván Castañón, ya advirtió de que el informe técnico sobre el proyecto emitido por Puertos del Estado no avalaba la validez de la DIA.
Según la Abogacía, el informe de Puertos del Estado solo avala la vigencia, pero no la validez de la DIA: “Tampoco el informe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado de 9 de abril de 2021 es concluyente en este punto, pues en el mismo se aborda la caducidad o vigencia de la declaración de impacto ambiental emitida en 2007 respecto del proyecto inicial, entendiendo que dicha declaración de impacto ambiental está vigente”.
Sin embargo, añade que “lo que ahora se plantea es, distintamente, si las modificaciones introducidas por el anteproyecto de 2018 y sus adendas en el proyecto inicial, que fue objeto de declaración de impacto ambiental en 2007, son de tal entidad que determinan la necesidad de realizar una nueva evaluación de impacto ambiental, cuestión que no se aborda expresamente en el informe jurídico de referencia”.
Los incumplimientos de la DIA
El informe de la Abogacía del Estado pone de manifiesto que ninguna institución consultada (Puertos del Estado, Comisión Europea y Ministerio de Transición Ecológica) ha avalado la validez de la DIA de 2007 para el proyecto modificado aprobado por la APV.
La realidad es que el proyecto no cumple con los parámetros establecidos en la mencionada DIA de 2007, la cual dice textualmente: “Se formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Ampliación del puerto de Valencia concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido del proceso de evaluación, quedará adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales”.
Así, mientras la DIA establece un máximo de 19 millones de metros cúbicos de material de relleno para los futuros muelles con un dragado en la dársena a una profundidad máxima de 18 metros para extraerlo, el proyecto aprobado necesita 25,7 millones de metros cúbicos con dragas a 24 metros de profundidad en la dársena y de 28 metros en el antepuerto.
Además, como recoge el informe de Costas publicado integramente por este diario, tampoco se ha cumplido lo referido a las medidas correctoras que debía proponer y proyectar la APV para frenar la erosión de las playas del sur de la ciudad de València.