El Gobierno valenciano está a punto de llevar a Les Corts Valencianes el decreto para que los ayuntamientos puedan externalizar la elaboración de informes urbanísticos para agilizar la tramitación de expedientes. La normativa, que ha pasado el plazo de alegaciones, ha soliviantado a los técnicos de los ayuntamientos que ven en la nueva norma un peligro para la “neutralidad” de la administración en la consecución de licencias. Amenazan con ir a los tribunales, mientras en la Conselleria de Obras Públicas defienden que la “última palabra” siempre la tendrán los funcionarios.
El bloqueo en la tramitación de expedientes urbanísticos tras el inicio de la recuperación económica por la falta de personal y la complejidad legislativa es una de las máximas preocupaciones de los ayuntamientos, sobre todo de los más grandes de la Comunitat Valenciana, que han visto como en los últimos cuatro años se ha disparado la petición de licencias para construir. El Gobierno de España en aplicación de la ley de Estabilidad prohíbe la contratación de más personal, lo que ha llevado al Gobierno valenciano a idear una fórmula que pueda agilizar los expedientes que a su vez dinamicen la economía y los ingresos de los municipios.
La idea no es otra que la externalización del trabajo que se plasmará, si el Parlamento valenciano lo acaba convalidando, en el Decreto del Consell por el que se regulan las funciones y el registro de las entidades colaboradoras en materia de verificación y control administrativo de actuaciones urbanísticas. Según explica el director general de Urbanismo, Vicente Garcia Nebot, esta normativa permitirá a los ayuntamientos poder autorizar a empresas o colegios profesionales para la realización de informes técnicos de planeamiento, edificabilidad y urbanísticos.
Garcia Nebot explica que esta fórmula ya está inventada y se aplica en las licencias de industria donde funcionan las OCAS. “El ayuntamiento autorizaría a las entidades colaboradoras en materia de verificación y control administrativo de actuaciones urbanísticas (ECUV) y los gastos correrán a cargo del particular, habitualmente el promotor”, explica el director general de Urbanismo.
Con esta fórmula las personas o empresas que quieran tramitar un expediente se ahorrarían la emisión de los informes técnicos que “bloquean la aprobación de las licencias”, argumenta Garcia Nebot. “No hay otra opción, los ayuntamientos tienen grandes problemas en la tramitación y no podemos contratar gente”, sentencia.
El decreto ha estado en exposición pública y ha sido alegado, entre otros, por el Ayuntamiento de Valencia, que quire más negociación con los municipios, y un grupo de técnicos de urbanismo. Entienden los técnicos que “el control del cumplimiento de las disposiciones de naturaleza urbanística” no puede quedar en manos de empresas privadas y a encargo de los beneficiarios. Asguran estos técnicos en sus alegaciones y en una carta dirigida al conseller de Obras Públicas, Arcadi España, que se perdería la neutralidad que aportan los funcionarios.
Como propuesta para mejorar el decreto, los técnicos proponen que se externalicen los informes sobre edificación, pero no sobre pleneamiento y urbanismo. “Conviene advertir que las exigencias urbanísticas y de planeamiento, por su gran número (cerca de 800 figuras diferentes) y su complejidad, pueden ser de difícil comprobación por parte de las entidades colaboradoras, por su complejidad o por desconocer los criterios de interpretación aplicables, porque exigen en multitud de ocasiones el acceso a la información del archivo municipal o necesitar de informes de otros estamentos municipales”, apuntan.
Los técnicos consideran que este decreto es “una privatización de servicios públicos más propia de otra época y otras políticas y no de un gobierno de izquierdas”.
Por su parte y ante estas críticas, el director general de Urbanismo asegura que este decreto obligará a los ayuntamientos a ser “más transparente”. “Si todo el mundo pudiera entrar en la web municipal y acceder a la información sobre planeamiento y urbanismo no habría problemas para la entrada de agentes externos a la realización de informes y, sobre todo, sería más transparente con los ciudadanos”, asegura García Nebot. “Las reticencias que tienen los técnicos se disiparán cuando se apruebe el decreto porque la última palabra la tiene el ayuntamiento, que siempre podrá reaccionar ante un expediente mal hecho”, asegura.