La retención de información relativa a pacientes y personal sanitario del departamento de salud de Torrevieja podría costarle muy cara a Ribera Salud, empresa que hasta el pasado 15 de octubre gestionaba el recinto sanitario y que se negó a facilitar toda esta documentación reclamada desde un año antes por la Conselleria de Sanidad con el objetivo de torpedear su rescate público.
La delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que dirige Rosa Pérez, ya inició un expediente encaminado a sancionar a la compañía tras constatar que se estaba negando a facilitar a la Conselleria de Sanidad toda la información requerida para hacer efectiva la recuperación de la gestión pública, una vez finalizado el contrato de 15 años otorgado en su día por el PP.
Ribera Salud se negó a facilitar los datos pese a las reiteradas sentencias que avalaron la legalidad de las normas de reversión comunicadas con un año de antelación, tal y como lamentó la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló.
En su comparecencia a petición propia en la comisión de Sanidad de las Corts Valencianes el pasado 6 de octubre, denunció que a tan solo nueve días de la recuperación de la gestión pública, la compañía sigue sin enviar la información relativa al personal, que según denuncia, comparte en algunos casos con el departamento del Vinalopó.
“Una información que se considera imprescindible para poder garantizar la continuidad del servicio a la población protegida del departamento de salud de Torrevieja, que está en torno a las 180.000 personas. Sin embargo, como ya ocurrió en el proceso de reversión del departamento de la Ribera, se ha repetido la obstaculización y la negativa a facilitar cualquier tipo de información por parte de la concesionaria”, lamentó.
Una vez ejecutado con éxito la recuperación de la gestión pública del hospital, la delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana ha solicitado a Sanidad que documente todos estos incumplimientos con el objetivo de elevar un informe a la Agencia Española de Protección de datos con el objetivo de que establezca, si procede, las sanciones oportunas.
A priori, desde Transparencia consideran que se podría aplicar la correspondiente sanción con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos, puesto que no se puede negar a la administración el acceso a unos datos que son de la propia administración.
Este supuesto incurriría en una sanción muy grave por un tratamiento de datos sin la legitimación necesaria que además puede afectar a derechos fundamentales, lo que puede acarrear una sanción de hasta 20 millones de euros o del 4% del volumen de negocio de la empresa.