La Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana ha tumbado por segunda vez el macroproyecto de ocio Puerto Mediterráneo -rebautizado como Intu Mediterráneo- por motivos medioambientales.
Los promotores, que plantean un centro comercial con atracciones de 375.000 metros cuadrados junto al paraje natural de la Mola y en un antiguo campo de tiro militar, tienen diez días para alegar dentro del proceso administrativo. La decisión puede ser la puntilla para este proyecto calcado al de Puerto Venecia, construido en Zaragoza.
La decisión de Medio Ambiente ya ha sido comunidada al Ayuntamiento de Paterna, cuyo alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, se ha mostrado desde el principio como un firme defensor del complejo, lo que causó la ruptura del pacto de Gobierno municipal con sus socios de Compromís y Paterna Sí Puede (marca blanca de Podemos), contrarios a este modelo comercial extensivo que planea un proyecto de macrocentro comercial en la única pastilla verde que queda en esta zona del área metropolitana.
La resolución de la Conselleria de Medio Ambiente concluye básicamente que el nuevo proyecto presentado incurre en los mismos defectos que motivaron el informe de evaluación ambiental negativo del primer proyecto y que ha motivado una reclamación judicial de la promotora británica al Gobierno valenciano por valor de 238 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
En concreto, el documento concluye que la ubicación de Intu-Mediterráneo es la misma que la del proyecto inicial y que se mantiene dentro de la zona de protección de la CV-35, el nuevo trazado del cauce del barranco d'Endolça y las balsas de laminación, de igual forma que sucedía con la ordenación de la rechazada Actuación Territorial Estratégica Puerto Mediterráneo (el proyecto inicial), y que fue uno de los motivos determinantes por el que el pronunciamiento fue desfavorable.
Según la Conselleria de Medio Ambiente, la propuesta de ordenación de Intu-Mediterrani en los términos planteados por el promotor es “manifiestamente inviable por haberse dictado un pronunciameniento ambiental desfavorable en un plan análogo”.
La resolución, con arreglo a lo que establece el artículo 50.4 de la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio (LOTUP), determina la inadmisión del proyecto por contemplar una ubicación análoga, un uso análogo y soluciones idénticas a las cuestiones planteadas en un proyecto evaluado de forma negativa previamente. Es decir, la reformulación del proyecto no ha solventado las deficiencias iniciales que ya detectaron los técnicos de Medio Ambiente.
Por ello, tal y como establece el articulado citado, se comunica a la promotora la apertura del trámite de audiencia previa a la resolución de inadmisión. Es decir, que aporte nuevas alegaciones, para lo que tiene diez días.
El documento que tumba nuevamente el macroproyecto insiste en que “la propuesta Intu-Mediterrani plantea la misma fórmula de solución (que en Puerto Mediterráneo) a la misma problemática existente en ese terreno. De esta forma, esta solución sigue siendo incompatible con el trazado de la carretera”.
Esta resolución es un trámite más del procedimiento administrativo al que la compañia británica podrá alegar, aunque prácticamente invalida la iniciativa, que se presentó cuando gobernaba el PP y que por retrasos ya no salió adelante en la anterior legislatura.
Los promotores presentaron el pasado mes de julio el nuevo proyecto que suponía una reducción de superficie comercial de un 25%, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Así, afirmaron que se ponía la sostenibilidad como prioridad y que se cumplía “ampliamente la legalidad”.
Tensión entre Compromís y el PSPV
Además de la ruptura del gobierno municipal de Paterna, la tramitación de este macrocentro comercial y de ocio ha generado tensiones desde el principio en el seno de la Generalitat Valenciana entre el PSPV y Compromís.
Los primeros se han mostrado en privado siempre más cautos a la hora de considerar el proyecto con el argumento de ofrecer una imagen de seguridad jurídica a los inversores entranjeros en la Comunitat Valenciana. Aunque fue la Conselleria de Vivienda -del PSPV- la que dio la puntilla legal al primer Puerto Mediterráneo.
Según cifras de la promotora, el complejo supondría una inversión de 860 millones de euros en este espacio, “el proyecto de inversión privada más importante de la Comunitat Valenciana”, y la creación de más de 5.000 empleos anuales directos, más otros 3.000 puestos de trabajo que se crearían durante las obras de construcción.
Sin embargo, desde Compromís, formación que gestiona los departamentos de Medio Ambiente y de Economía y Comercio, siempre han mostrado su rechazo al considerar que se trata de un modelo comercial agotado. Es más, alegan desde la coalición que los puestos de trabajo en el sector comercial que generaría los destruiría en otros que ya existen, puesto que hay en Valencia “una saturación de centros comerciales”.
El director general de Comercio, Natxo Costa, comentó que “el área metropolitana de Valencia tiene ya una sobresaturación comercial que impide que todos los centros comerciales funcionen a pleno rendimiento” y la llegada de Intu “iría en detrimento” de otros. Un ejemplo son los Corte Inglés de Campanar y Nuevo Centro que, según la coalición, se verían afectados por la apertura de un macrocentro de más de 300.000 metros cuadrados.
Costa también recordó que “el Pacto del Botánico establece la defensa de un modelo de comercio tradicional”.
Recientemente, el director general de Intu España, Ian Sandford, trasladó una “queja formal” al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con motivo de las declaraciones realizadas por Costa, en las que pedía a la compañía que se fuera a su casa, en un mensaje en su cuenta de Twitter expresado en inglés: “Intu Go Home”.
De momento, parece que la profecía de Costa se cumplirá con el informe de Medio Ambiente.