La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en una fundación del Ayuntamiento de Valencia, Inndea, y un centro cultural de la ciudad, Las Naves, en busca de documentación sobre la financiación supuestamente ilegal de la campaña electoral del PP de Valencia en 2007.
Los agentes han pedido todos los contratos de dos fundaciones municipales - la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec) y el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD)- entre 2006 y 2008 y, especialmente, aquellos suscritos con la empresa que organizó la campaña de Rita Barberá en 2007, Laterne.
Los agentes ya han practicado registros en otros organismos municipales como Turismo Valencia Convention Bureau en el marco de la investigación dirigida por el juez del caso Taula. Éste, mano a mano con la Fiscalía Anticorrupción, cree que el PP pudo gastar tres millones de euros en la campaña electoral de 2007, 20 veces más de la cantidad oficialmente declarada.
En esos comicios, Barberá batió su récord de votos con un despliegue de medios aparentemente sin precedentes. El juzgado investiga si gran parte de esos tres millones de euros fueron proporcionados de manera opaca e ilegal por adjudicatarios habituales del ayuntamiento utilizando empresas interpuestas o por organismos bajo control municipal.
Fuentes del Ayuntamiento de Valencia han confirmado los registros, centrados en los contratos adjudicados a Laterne, una empresa ya quebrada. La compañía, dirigida por un hombre próximo a Alfonso Grau, responsable de la campaña de 2007 y mano derecha de la alcaldesa, fue la que gestionó los más de tres millones invertidos por el PP ese año.
300.000 euros por una encuesta electoral
CEyD pagó al menos dos facturas por 300.000 euros en septiembre de 2007 a Laterne, a la que se encargó una encuesta electoral -un infobarómetro a partir de 800 entrevistas- que nunca hizo. Fivec también tuvo en esa época un contrato con el entramado de empresas de 500.000 euros
CEyD fue disuelta y su actividad, absorbida parcialmente por Inndea, igual que Fivec. De ahí los registros. Los investigadores creen que los pagos de estos organismos y otras fundaciones municipales -Turismo Valencia- a Laterne y sus sociedades hermanas (City Marketing Council) pudieron servir para camuflar el desvío de dinero público para la financiación ilegal del PP.
Ribó: “Investigar hasta las últimas consecuencias”
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha comentado el asunto. “Se está hablando de una empresa que cuando estábamos en la oposición ya la señalamos y dijimos a la Fiscalía que se investigara porque ya sospechábamos alguna cosa. La justicia debe cumplir y le pedimos que llegue a las últimas consecuencias porque si fuera verdad que ha habido financiación ilegal en las pasadas campañas electorales alguien estaría jugando con las cartas marcadas y eso en una democracia es intolerable. Por tanto, que la justicia haga su faena y que la haga bien y por supuesto nosotros colaboraremos con la justicia”.
Puig exige “responsabilidades políticas”
El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha instado al PP a que asuma las responsabilidades políticas que le correspondan ante el “rosario de irregularidades” destapadas durante sus años de mandato.
“Todos tenemos esperanzas en que acabe esta cuestión, este rosario de irregularidades que nos han sacudido en los últimos años”, ha indicado sobre los registros en las fundaciones de Valencia. El presidente prefiere quedarse “con lo positivo”, que es que el “Estado de Derecho está funcionando”, principalmente mediante la acción de la Policía y la Justicia.