Guerra entre la fundación católica de un exgeneral y la Generalitat Valenciana por el legado de la anciana con daño cerebral

El juicio a una notaria valenciana acusada de falsificar en 2012 el testamento de una anciana sin descendientes directos y con daño cerebral cuenta con el trasfondo de la batalla por el millonario patrimonio legado por la finada: 12,1 millones de euros. El testamento, firmado por la mujer con su huella dactilar, incluía como principal heredera a la Fundación Gozalbo Marqués, una entidad de asistencia social fundada en Madrid por la fallecida pocos meses antes de que sufriera el primer ictus. También legaba a los sobrinos de su difunto marido, asimismo patronos de la entidad. El presidente de la fundación, el general retirado José Luis M. C., y el sacerdote Javier R. M., patrono de la entidad, recibieron en total 650.000 euros. Además, la jefa de administración y la asesora fiscal de la anciana obtuvieron una herencia de 650.000 euros por cabeza. Si el testamento se declara nulo, los fondos van a parar a la Generalitat Valenciana, según la normativa autonómica. Manuel M. P., el primo segundo de la fallecida que denunció los hechos ante la Fiscalía, se llevaría un pequeño bocado de la herencia si se abre la posibilidad para la Administración autonómica de heredar abintestato (el término jurídico que alude al procedimiento de adjudicación de bienes en el supuesto de un testamento nulo).

La última sesión del juicio, celebrada este viernes ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, incluyó la declaración de los peritos y de la acusada, la notaria María José F. V. Todos los herederos, presentes en la sala de vistas, figuran como partícipes a título lucrativo del presunto delito de falsificación de documento público. El presidente del tribunal tuvo que pedir al sacerdote Javier R. M. que dejara de gesticular y comentar la declaración de tres peritos médicos (“Lo lleva haciendo todo el día”, le advirtió).

La fallecida, viuda del conocido abogado valenciano Luis G. J., amasó un enorme patrimonio que conforma el núcleo del juicio en el que la notaria se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión por un presunto delito de falsificación de documento público, además de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de fedataria durante un lustro

El testamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, indica que la notaria consideró que la mujer con daño cerebral tenía la “capacidad legal necesaria” para otorgar su millonaria herencia. Este diario también ha tenido acceso a la escritura de aceptación de herencia, firmada ante otro notario por José Luis M. C. como presidente de la fundación benéfica, católica y sin ánimo de lucro.

Se trata de un general de división del Ejército del Aire retirado que figura como administrador único de Riola Fruits SL y de Esla Compañía de Inversiones SA, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Ambas sociedades eran propiedad de la finada y en el testamento figuran como pagadoras de los legados.

Esla Compañía de Inversiones SA, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios, cuenta con un patrimonio neto de 9,6 millones de euros. El perito encargado de la tasación inmobiliaria, propuesto por la defensa de la compañía aseguradora, aludió en el juicio a un total de “57 fincas”. El general retirado explicó durante la primera sesión de la vista oral que confiaba en la notaria y destacó que preside una “fundación sin afán de lucro”.

“Todos ellos se lucraron”, según la Abogacía

“La Generalitat Valenciana es perjudicada de este presunto delito de falsedad”, afirmó la letrada de la Abogacía en su informe de conclusiones. La representante de la Abogacía de la Generalitat concluyó que durante la vista ha quedado probado el “trajín” de sobrinos de su difunto marido por el Hospital de Aigües Vives de Alzira (València), después de que la mujer, entonces de 80 años, sufriera dos accidentes cerebrovasculares. “Todos ellos se lucraron con el importe de la herencia”, recordó.

La letrada de la Abogacía de la Generalitat también indicó que durante las tres sesiones del juicio ha quedado “acreditado” que la acusada “incumplió gravemente” su obligación profesional.

Por su parte, la notaria declaró que conocía a la anciana por sus relaciones profesionales con el difunto marido en su destino anterior. La acusada relató que el 24 de agosto de 2012 acudió al Hospital de Aigües Vives de Alzira, un centro especializado en pacientes con daño cerebral, y pudo “interactuar” con la mujer, haciéndole “preguntas de contraste”. “Movía la mano, le tenía la mano cogida y me la apretaba, movía los ojos y la cabeza”, afirmó a preguntas de la fiscal.

La mujer, según la acusada, se puso en contacto con ella previamente al primer ictus para comentarle su proyecto de constitución de una fundación y sus planes sobre la herencia. En agosto de 2012, tras haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares, el sobrino del difunto marido, Joaquín F. P., telefoneó a la notaria para que la anciana firmara el testamento en el centro de Aigües Vives. La notaria afirmó que no tuvo “ningún interés” en la firma del testamento (“ni en este ni en ninguno”, apostilló).

“Expresarse sí que podía, manifestaba emociones y podía comprender y atender a las preguntas que le hiciera. Fuimos punto por punto, le expliqué y me aseguré de que entendiera”, declaró la notaria.

Por el contrario, la fiscal consideró que, tal como “han expuesto de forma clara” los peritos, la anciana “no tenía capacidad” para hacer un testamento de tal complejidad. Una situación “palmaria, clara y absolutamente clamorosa”, según la representante del Ministerio Público, quien afirmó en la exposición de sus conclusiones que “la prueba ha sido lo suficientemente contundente”.

Por su parte, la letrada de la aseguradora con la que la notaria tenía contratada una póliza relacionada con su ejercicio profesional y a la que se considera responsable civil directa, dijo que la acusada “no goza de la cobertura” en este caso. La póliza, apostilló, no cubre “actuaciones dolosas”. 

Los peritos: dos neurólogos y un forense

En la última sesión del juicio también comparecieron tres peritos médicos: un forense del Instituto de Medicina Legal propuesto por la Fiscalía y dos neurólogos (uno propuesto por la defensa de la fundación y otra por la compañía aseguradora). El forense dijo que, dada la situación de la anciana, “a nivel cognitivo es imposible establecer ningún tipo de comunicación”, al estar en “estado de mínima conciencia”. “Para realizar testamento se necesita un alto grado de capacidades”, manifestó el perito.

El neurólogo propuesto por la defensa de la fundación rebatió esa tesis argumentando que el estado de mínima consciencia era incompatible con la capacidad de hacer ciertos movimientos que presentaba la paciente. Por el contrario, la neuróloga propuesta como perito por la aseguradora, en tono más vehemente, aseguró que la anciana estaba “medio en coma”. “No me puedo creer que esa mujer tuviera capacidad para otorgar testamento”, concluyó la perito.