El TSJ valenciano ha ordenado a la Generalitat el derribo de las dos torres de 21 alturas construidas en la Punta Llisera, en el litoral de Benidorm, conocidas como los 'Gemelos 28'. Así, la administración autonómica deberá indemnizar a los 185 propietarios de los apartamentos y dispone de tres meses para presentar un plan de demolición y consignar la cantidad correspondiente al coste del derribo y la indemnización correspondiente a los propietarios, unos 72 millones de euros en total.
El auto, del pasado 8 de noviembre y contra el que la Generalitat ha interpuesto recurso de reposición, complementa la sentencia del Tribunal Supremo que en 2012 declaró ilegal el permiso concedido por la conselleria de Territorio en 2005, dirigida entonces por Rafael Blasco, que cumple condena en prisión por el desvío de fondos destinados a ayudas al tercer mundo. El alto tribunal consideró que las edificaciones ocupaban una zona de dominio público de servidumbre marítimo-terrestre. En 2005, el ministerio de Medio Ambiente que dirigía la socialista Cristina Narbona ya advirtió de la ilegalidad de esta licencia.
De este modo, el Consell debe hacer frente a otro 'imprevisto' heredado de los gobiernos del Partido Popular, y todo ello enmarcado en la negociación y aprobación de unos presupuestos, los de 2018, en los que ya se han tenido que consignar 1.350 millones de euros 'ficticios' a cuenta del déficit del Estado con la Comunitat Valenciana con motivo de la infrafinanciación. Y además, en un momento en el que Podemos también está apretando con exigencias como la tasa turística o la implantación del SDDR para dar su apoyo a las cuentas del próximo año.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, lamentaba este nueva “herencia envenenada” del PP y advertía han dado “indicaciones” a la Abogacía de la Generalitat para “intentar minimizar o atemperar al máximo” las consecuencias de la resolución judicial. “Parece muy complejo que finalmente se pueda eludir la orden de demolición de dichas edificaciones”, apuntaban desde la conselleria. Una opción que baraja el departamento de Hacienda, que dirige el conseller Vicent Soler, es imputar este gasto al presente ejercicio, de forma que recaería en el déficit y sería cubierto a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico.