El principio del fin de un polémico modelo sanitario basado en la gestión privada de la sanidad pública que impulsó el PP de forma pionera en la Comunitat Valenciana. Así podría definirse la recuperación para el sistema público del hospital de Alzira y de todo el departamento sanitario de La Ribera que este domingo 1 de abril volverá a depender de forma directa de la Conselleria de Sanidad, en cumplimiento del compromiso del 'Pacte del Botànic' que sellaron PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos para formar el Gobierno del cambio en la Comunitat Valenciana.
El origen del modelo se remonta al 19 de junio de 1997. Ese día se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.
El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.
Ese primer contrato, con una vigencia de 10 años, tenía como objeto la gestión indirecta, por concesión administrativa, de la prestación de los servicios de atención sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria del área de la Ribera.
El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).
Operación de rescate: más dinero para la adjudicataria
Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de “lucro cesante”, algo que no estaba previsto en el contrato.
Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.
Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: actualmente es de 777 euros por habitante y año.
El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, ampliables cinco años más, una prórroga que la actual consellera de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunciaron que no se iba a hacer efectiva.
Comenzaba así el proceso de reversión y una guerra abierta con Ribera Salud, que ha planteado sin éxito un alud de recursos judiaciales para tratar de frenar la reversión.
Por el camino, Ribera Salud cambió de accionistas y de dirigentes y el modelo se extendió a otros cuatro hospitales de la Comunitat Valenciana (Dénia, Elche, Torrevieja y Manises).
Actualmente, la compañía está participada por Banco de Sabadell (que absorvió a la CAM) y la americana Centene Corporation (que adquirió el 50% de participación de Bankia).
El consejero delegado desde hace años es Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps y exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial por designación del PP.
Además de poseer la mayoría accionarial del hospital de Alzira, Ribera Salud controla también el hospital de Elche y el de Torrevieja. En Denia tiene un 35% de las acciones, mientras el resto son de la aseguradora DKV. El negocio sanitario que echó a andar en la comarca de La Ribera saltó también a la Comunidad de Madrid y ha llegado hasta a Perú, donde Ribera Salud es accionista de dos hospitales.
Tanto Ximo Puig como la consellera Montón han manifestado en reiteradas ocasiones su intención de recuperar todos los hospitales privatizados por el PP a medida que vayan finalizando las concesiones, tal y como se ha hecho en Alzira.
El resto de centros sanitarios de gestión privada finalizan sus concesiones en 2021 (Torrevieja y Denia), en 2024 (Manises) y en 2025 (Elche).
Un coste de 2.000 millones
La teoría sobre la supuesta mayor eficiencia del modelo Alzira es muy discutible. De acuerdo con los datos oficiales a los que ha tenido acceso eldiario.es, el pago a cuenta de la cápita por paciente, a la que se sumaba o restaba posteriormente la liquidación anual resultante de otro tipo gastos de la concesionaria y de la Administración, asciende desde abril de 2003 a la actualidad a 2.104,9 millones de euros. La cifra solo se ha conocido después de que el actual Gobierno del PSPV-PSOE y Compromís haya intentado poner en orden las cuentas antes de hacerse cargo de la gestión del hospital.
El dato, en cualquier caso, es provisional, dado que la Generalitat reclama 105 millones a su favor de la liquidación pendiente de los años 2013, 2014 y 2015 y todavía está por hacer la liquidación de 2016, 2017 y los tres primeros meses de 2018.
Sin embargo, la empresa, en una reciente comparecencia del gerente del hospital de Alzira, tan solo reconoce una deuda de 50 millones.
Aunque el precio final de los 15 años de concesión supera los 2.000 millones, no es todo el coste que el departamento privatizado de la Ribera ha tenido para la Generalitat Valenciana. De acuerdo con el contrato, Ribera Salud no asume los costes de farmacia ambulatoria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud pública.