Los vecinos de Nàquera, una localidad valenciana de la comarca del Camp de Túria han descubierto que su ermita, cuyo terreno fue cedido en 1886 por el marqués de Boil a la Corporación municipal, ya no les pertenece. Un dato que desconocían hasta la reciente publicación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica gracias a una ley del expresidente José María Aznar.
En el Registro de la Propiedad de Massamagrell, según ha podido comprobar elDiario.es, el espacio está inmatriculado a nombre de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Náquera desde el 25 de febrero del 2010.
La Iglesia mantiene así el 100% del pleno dominio del calvario y la ermita, con una superficie edificada de 93 metros cuadrados y situada en la muntanyeta de la Ràpita. Los terrenos fueron cedidos hace 135 años por el marqués de Boil para la edificación de un nuevo calvario, según el cronista oficial de la localidad. Emili Lluch (1879-1955), autor del libro Señorío y baronía de Náquera, narra con todo detalle el devenir del espacio religioso.
En 1886, el Ayuntamiento de Náquera solicitó a Francisco de Paula de Arróspide y Marimón, marqués de Boil, el permiso para construir un nuevo calvario en la muntanyeta de la Ràpita. El marqués firmó un acta de cesión de parte del terreno para la construcción del calvario tras una visita del alcalde y de varios concejales.
Seis años más tarde, el marqués vendió todas sus propiedades en la localidad valenciana (una casa señorial y varias fincas) y donó la ermita y los terrenos que albergan actualmente el calvario a la parroquia, a pesar del acta de cesión para la construcción del enclave.
“Todos los vecino de Náquera trabajaron con ahínco” para construir el calvario inaugurado finalmente en 1922, según explica el cronista Emili Lluch. El Ayuntamiento de Náquera siempre ha tenido la llave de la ermita y es el encargado de autorizar los actos culturales o religiosos, como conferencias o exposiciones.
Un grupo de vecinos de la localidad ha transmitido a este diario su indignación por la inmatriculación del espacio, un dato que desconocían hasta la publicación de la lista completa elaborada por el Gobierno.
La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia han anunciado que reclamarán los bienes públicos que la Iglesia haya inmatriculado de forma indebida. Las instituciones eclesiásticas registraron como propios cerca de un millar de inmuebles en territorio valenciano, desde templos de culto hasta terrenos, locales y viviendas parroquiales, según se desprende de la lista oficial publicada.
Así, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ya ha iniciado un procedimiento para “averiguar qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para el patrimonio público, que es donde siempre debieron estar”.