Pese abandonar este jueves el Ayuntamiento, el exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) no hará lo mismo con los juzgados. A la imputación en la 'operación Púnica' y en la compra ruinosa de un complejo de ocio, el juzgado número 3 de Gandia le ha añadido una más. El juez le ha citado en calidad de investigado -imputado antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal- por un presunto delito de malversación en la adjudicación del servicio audiovisual de Gandía.
La operación que ahora investigan los tribunales arrancó nada más llegar Torró a la alcaldía de la ciudad en 2011. Con la excusa de la crisis económica, cierra la televisión pública existente. Y, a continuación, adjudica ese servicio a dos televisiones a través de un procedimiento de invitación por una cantidad de 7 millones de euros, si se cuenta la prórroga vigente de 3 millones. Una de las agraciadas es Comarques Centrals Televisió SL, propiedad de un empresario cercano al expresidente de la Diputación de Valencia y detenido en la operación 'Taula', Alfonso Rus, según publicó El País.
La otra empresa beneficiaria levanta más sospechas. Se trata de Inversiones Especiales Mediterráneo SL, que emite con la marca de Tele 7. La mercantil, tal como relevó el grupo municipal socialista, es propiedad de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico, cuando Torró era presidente de esta. Codina también habría compartido domicilio fiscal con el exalcalde. Sin embargo, tras la difusión de los informes realizados por Bankia a cuenta de las operaciones entre la entidad y Torró, los socialistas de Gandía concluyeron que Codina actuaba como simple testaferro del exalcalde, ya que éste sería el verdadero dueño de la empresa. Con esa conclusión, llevaron al juzgado el caso por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abuso de poder por “adjudicarse a él mismo una contrata sin publicidad ni concurrencia”.
El juez, además, también ha citado como testigos a los ediles y exmiembros del equipo municipal Vicente Gregori y Víctor Soler -diputado autonómico cercado por 'Púnica'- y a los extrabajadores de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) Daniel Furió Moncho -hijo de una exedil del PP y socia empresarial de Torró- y Cristina Serrano, exasesora de los exconsellers Rafael Blasco, Juan Cotino y Esteban González Pons. Furió Moncho y Serrano fueron los que firmaron la licitación del servicio de televisión.