Sonia Castedo, tras anunciar su dimisión por facebook, formalizó el viernes el abandono de la alcaldía de Alicante. Su sustituto provisional será Andrés Llorens, que será juzgado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la plaza Magallanes. Las obras fueron adjudicadas en junio de 2009, pese que finalizaron el 17 de marzo y fueron inauguradas el 11 de mayo del mismo año.
El vicealcalde y concejal Atención Urbana, la mano derecha de Castedo en el Ayuntamiento, niega que vaya a dimitir y se queja de la dilación del proceso y del juicio mediático al que ha estado sometido que“me ha perjudicado personal y políticamente”. Se muestra relativamente satisfecho ante la apertura de juicio oral, ya que “podré”, ha dicho, “demostrar mi inocencia” y “espero que sea cuanto antes”. Defiende la “línea roja” de Fabra, a lo que a renglón seguido ha explicado que, su caso no es de corrupción, es “una causa administrativa”. “No se benefició a terceros y se hizo pensando en los vecinos de la Florida” y así, dice, “lo han declarado ante la jueza”.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones sostiene que Llorens falsificó un acta de replanteo firmada el 16 de julio de 2009. Le acusa de prevaricación y falsedad documental. Junto al vicealcalde se sentarán en el banquillo tres técnicos de Atención Urbana que supuestamente colaboraron en el procedimiento. Uno de ellos es Víctor López, jefe técnico en esa época y para quien el fiscal reclama, además de la inhabilitación, una pena de tres años de cárcel.
Para los otros dos funcionarios y el entonces responsable de la mercantil adjudicataria de las obras, Coinger, la petición es de tres años y medio de inhabilitación. El escrito apunta que los técnicos emitieron presuntamente “informes falseados” con el objetivo de “encubrir” los trabajos que ya “se habían adjudicado y realizado, total y absolutamente, al margen de cualquier procedimiento legal”.
En principio, Miguel Valor, concejal de cultura, será el sustituto definitivo de Castedo.