El caso Gürtel se ha cobrado cuatro nuevas 'piezas' en la Comunitat Valenciana. Se trata de cuatro exaltos cargos de la Conselleria de Sanidad, incluido en exconseller Luis Rosado, a quienes el juez instructor del caso en el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) ha imputado por la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, según informa Europa Press.
De igual modo, el juez atribuye nuevos hechos que pueden ser constitutivos de delito a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars y al exsecretario autonómico de Deportes David Serra, imputados en este procedimiento, según consta en la providencia del 3 de diciembre al que ha tenido acceso la agencia, por medio de la cual se requiere también nueva documentación a la Sociedad Circuito Ricardo Tormo por la promoción realizada en el VI Open de Tenis, diseño, fabricación y colocación de la cartelería, sercicio de azafatas y relaciones públicas por un importe de 34.800 euros.
Los imputados relacionados con la conselleria de Sanidad están citados a declarar el próximo 19 de diciembre y son: el mencionado Luis Rosado por su puesto en la Agencia Valenciana de Salud; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Pilar Adela Ripoll, exdirectora general de Calidad y Atención al Paciente; y María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria.
Imputación
El juez decide imputar a estos exaltos cargos de Sanidad al considerar que pudieron ser “cooperadores necesarios” por su participación en la contratación del vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico, tal y como solicitaba Fiscalía. En las diligencias practicadas el juez cree que existen diferentes “contradicciones”, principalmente en las declaraciones del exconselles Manuel Cervera, que negó que interviniera en contrataciones o formas de pago, además de quien fuera jefe de gabinete y jefa de prensa de Conselleria.
Mientras tanto, los exdirectores generales negaron iniciar las contrataciones, pese a que reconocieron la realización a nivel formal, aunque después del evento y por indicación de terceros y no por decisión propia, por lo que el juez decidión tomarles declaración, ahora en calidad de imputados, según informa Europa Press.
Resto de imputados
Otro apartado de la providencia está destinado a Ibars y Serra. A la primera, ya imputada por el contrato de Grandes Eventos de Fitur 2009, el juez la cita el 17 de diciembre por la contratación de la Guía de Comunicación 2005 y regalos y memorias USB 2004, puesto que presuntamente realizó y propuso diversas contrataciones menores que la investigación ha averiguado que supuestamente se fraccionaron en diversos cotratos para evitar la normativa del concurso abierto, impidiendo la aparición de otras ofertas y el principio de libre concurrencia. Estas contrataciones recayeron en sociedades del grupo Correa.
La providencia explica que el citado evento fue adjudicado a las empresas: DT Consulting (12.020,24 €); Boomerangdrive (10.500 €); Trece SL (6.354,15 €); Technology Consulting Management SL (12.020,24 €); Good and Better SL y Orange Market SL (12.020,24 €). Unas facturas a las que se les suman las facturadas directamente a la Dirección General de Promoción Institucional, presuntamente a instancias de Orange Market SL, por Gráficas Izquierdo SL y Grupo Rafael SL por 12.020,24 €, “siendo revelador que gran parte de dichas facturas tengan la cuantía tope establecida en la fecha de los hechos para la contratación menor”.
Open de Tenis
Ese 17 de diciembre declarará también Serra por las contrataciones del Open de Tenis 2007, una causa en la que aparece como imputado por la contratación del Open 2006. Pese a que inicialmente se informaba que la responsable de la contratación fue la exsecretaria autonómica de Deportes Niurka Montalvo, tras la declaración de ésta se comprobó que Serra dejó su cargo en la Secretaría Autonómica después de la celebración del Open de 2007, por lo que Montalvo “no parece que pudiera decidir o tener intervención sobre la decisión de dichas contrataciones -otra cuestión es sobre la facturación-, que presuntamente ya estaban avanzadas y ultimadas por Serra”, informa la agencia.
Por lo que el TSJCV considera que era Serra quien “intervenía en las actuaciones, negociaciones y decisiones relativas a las contrataciones del Open por parte de la Secretaría Autonómica mientras desempeñó tal cargo, habiendo además firmado los contratos de patrocinio de distintas anualidad para el evento”.