La inacción del Gobierno valenciano pone en riesgo vestigios de la Guerra Civil hallados en las obras de una urbanización

Las obras para construir un millar de chalets en el municipio valenciano de Bétera amenazan los restos de una línea de trincheras de la Guerra Civil. Los trabajos para la edificación de un proyecto autorizado hace dos décadas han hecho aflorar los vestigios de una de las primeras líneas defensivas de Valencia, clave durante la contienda, que ahora están severamente amenazadas. Los vecinos han documentado cómo las obras para construir las aceras y los suministros a la futura urbanización están afectando a los vestigios, pese a la prohibición temporal del Ejecutivo autonómico de continuar con la promoción. Si no se detienen, a este ritmo, no habrá enclave que proteger entre las viviendas unifamiliares.

La plataforma vecinal de Mas Camarena denuncia que estas obras, que duplicarán la capacidad de la urbanización, han destruido un tramo de 50 metros de las trincheras, de alto valor histórico y patrimonial. Los vestigios, a los que se suman búnleres y fortines, forman parte de la línea Puig-Carasols, bautizada como 'la inmediata', al ser el primer punto en la defensa de la ciudad capital de la República. En su construcción “se emplearon miles de hombres y mujeres; voluntarios, presos y movilizados de reemplazo, encuadrados en los llamados Batallones de Obras y Fortificaciones”, según recogen los historiadores Francisco Fababuj Roger y Josep Mª. Burriel Alberich, que a su vez citan los trabajos de Edelmir Galdón y José Durban. En su ponencia para el centro de estudios locales de Bétera, los historiadores reclaman un estudio más exhaustivo.

Las obras, que comenzaron a principios de año, deberían haberse detenido al encontrar los hallazgos. La Conselleria de Cultura ordenó su paralización, pero los trabajos de adecuación de la zona siguen en marcha, como documentan los vecinos, que reclaman al Ayuntamiento que medie. “Se están construyendo los viales de fibra óptica y tuberías sobre la línea de trincheras”, denuncia el responsable de la plataforma, José Antonio Hernández. La alcaldesa de la localidad, Elia Verdevio, del PP, afirmó en una entrevista al diario Levante-EMV que trabajaba para su conservación: “Hay un arqueólogo trabajando para la constructora, el agente urbanizador y el ayuntamiento. No entiendo que se haya armado este revuelo”, dijo.

La promoción, del Grupo Bertolín y Habitat Inmobiliaria, implica la construcción en 9.000 metros cuadrados de viviendas unifamiliares, con piscina compartida y zonas verdes comunes, con adosados por encima de los 400.000 euros. La promotora, consultada por este diario, ha remitido el siguiente comunicado: “Desde Habitat Inmobiliaria estamos trabajando con el Servicio de Patrimonio y realizando las actuaciones necesarias para documentar y preservar lo que indiquen los técnicos de Conselleria. Más allá de la construcción, tenemos un compromiso con esta localidad y nuestra prioridad es llevar a cabo proyectos urbanísticos sostenibles y responsables. Por eso, estamos abiertos a escuchar cualquier preocupación de la comunidad y a tomar las acciones oportunas para continuar garantizando que estos parámetros se cumplan en Mas Camarena”.

Las trincheras y el resto de vestigios afloran con la reactivación de la urbanización, pero los vecinos apuntan que ya se conocía la línea con anterioridad. Además de la documentación histórica, el Ayuntamiento de Bétera (PP) apuntaba en publicaciones institucionales que estaba recuperando centros de resistencia, con una subvención de la Diputación de Valencia. En febrero de 2022, el municipio presume de haber catalogado seis centros de resistencia dentro de la Línea Puig-Carasols, construidos entre 1938 y 1939. La catalogación la realizan los mismos historiadores que reclaman un estudio más exhaustivo. En julio de 2023, el Ayuntamiento recibe una ayuda de 33.000 euros para poner en valor el Centro de Resistencia de la Jonquera, que se encuentra en la zona junto a la que se está construyendo. Los vecinos insisten en que esta zona, La Junquera, debería haberse dejado fuera del plan urbanístico, que data de 2006 y se reactivó recientemente.

Informes pendientes

Los vecinos de la urbanización, constituidos en una asociación, reclamaron apoyo al Consell Valencià de Cultura. El organismo estatutario, que elabora informes sobre el patrimonio cultural valenciano, se comprometió a realizar un estudio sobre la protección de los elementos de la línea de defensa y la futura puesta en valor de uno de los refugios.

El 21 de febrero la dirección general de Patrimonio ordenó la paralización de las obras. Dos semanas después, según el documento al que ha tenido acceso este diario, autoriza la elaboración de un estudio arqueológico que cartografíe las actuaciones, evalúe si se han producido daños, proceda a una “prospección exhaustiva” y realice un seguimiento del proceso. El documento marca un plazo de 15 días para elaborar el informe, que cinco meses después no se ha hecho público ni se ha remitido a los vecinos. El Ayuntamiento de Bétera no ha respondido a la petición de este diario. Hastiados por la parálisis, los vecinos han interpuesto una denuncia en la Guardia Civil.

La Conselleria de Cultura, que cambió el pasado mes de titular, ahora a cargo de José Antonio Rovira, apunta que las obras siguen paralizadas y continua la intervención arqueológica. El arqueólogo, exponen, sigue realizando su trabajo y están preparando una propuesta de conservación y puesta en valor de los restos mejor conservados. Sobre las parcelas urbanizadas, añaden que la promotora presentó una propuesta de modificación de sus edificaciones, que no fue considerada adecuada. La propuesta deberá ser presentada por el ayuntamiento de Bétera y avalada por sus técnicos al ser un Bien de Relevancia Local, con el fin de preservar y poner en valor los hallazgos arqueológicos en relación con las obras de urbanización y ordenación de las parcelas afectadas.

Derogación de la ley de memoria histórica

La protección de las trincheras y los búnkeres se topa además con una nueva traba. En junio, los partidos que sustentan al Gobierno valenciano, aún entonces formado por PP y Vox, derogó la ley de Memoria Democrática y la sustituyó por la ley de Concordia. Si bien en el nuevo texto hay referencias a los vestigios, su protección es ambigua. Los vecinos consideran que “se nota la diferencia de tiempos políticos” y recalcan que “la ley de memoria histórica protegía claramente estos enclaves”. La diputada del PSPV Mercedes Caballero ha registrado una iniciativa en las Corts para que se musealice el lugar. “Puede convertirse en lugar de conocimiento y visita para todos”, reclama la parlamentaria.