Cuando escuché a uno de los caros abogados que defiende a la hija del rey, hablando de la obnubilación que padece la infanta por su marido, Iñaki Urdangarin, para justificar su participación, consciente y activa, o no, -ya lo dirán los tribunales- en las empresas Nóos y Aizoon, pensé que estaba viendo Corazón. Pero no. Era Jesús-María Silva, catedrático de derecho penal y socio-director del bufete Molins & Silva; especialista en blanqueo de capitales, y corrupción pública y privada, entre otros, el que sonriendo, aducía que “amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles”. El penalista insistía en esta línea de defensa tras conocer la nueva imputación de la infanta, esta vez, por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Cristina de Borbón, que no ha recurrido -tampoco la Fiscalía, que sí ha pedido al juez instructor, José Castro, que cité antes a los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe que la exculpaba del delito contra la Hacienda Pública- declarará en Palma de Mallorca, a las 10 de la mañana del sábado 8 de febrero, con paseíllo o sin él. Para el magistrado, las facturas por gastos personales de la infanta y de su marido fueron, claramente, objeto de un doble fraude; ingresos sin tributar en las declaraciones del IRPF; y reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades, al figurar como gastos de explotación sin serlo.
La enamorada infanta, que, según otro de sus abogados, Miquel Roca, acudirá voluntariamente al juzgado, afirmación que ha negado Castro en la misma providencia en la que adelanta el interrogatorio un mes, -a petición de la defensa-, deberá responder sobre los hechos que se le imputan: “Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon S.L, procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, de las arcas publicas de las comunidades Valenciana y de les Illes Balears”.
Si a algunos les resulta anecdótica la inacabable lista de gastos personales cargados a Aizoon, con clases de merengue incluidas. Es concluyente saber a qué se dedicaba la sociedad de alta asesoría, Aizoon, cuya plantilla, según el auto, estaba formada por cuatro empleados de hogar, una estudiante, una encuestadora que trabajaba para otra persona, un asesor, dos empleados que nadie vio nunca, un chico de los recados, una analista sin regularidad en el trabajo y otra persona con primeros estudios de enfermería haciendo “corta y pega de Internet”. Aizoon era el “andamiaje imprescindible”, el “cauce para el reparto de los beneficios” de Nóos, según el juez Castro.
La investigación, a punto de concluir, está pendiente desde hace meses de que la infanta aclare, o no, su relación con la empresa que compartía con su marido al 50%. Y explique los dudosos negocios, que al margen de cómo se resuelva la vía judicial, ya han mostrado los que han vivido por encima de sus posibilidades a costa de los demás. “Es imposible”, ha dicho el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, “dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros”. Ahí está ahora el dilema.
En fin, supongo que después de tanto jaleo, la infanta dirá que no sabía nada como hizo en su día el tesorero de Nóos, secretario privado de las infantas y fiel asesor del rey, el también imputado Luis García Revenga. El juez Castro estará en Valencia el 31 de enero y el 1 de febrero, para interrogar, entre otros, a 12 testigos e imputados, y ¿cómo no? al escurridizo ex presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps, que desapareció ante la anterior convocatoria del magistrado para que prestara declaración.
Por último, recordar que Nóos cobró más de 3 millones de euros de las arcas valencianas por organizar, sin concurso público, unas conferencias deportivas. Que en el año 2005, el ex conseller Esteban González Pons, llegó a firmar un convenio de 5 millones de euros para organizar unos juegos europeos que no se realizaron, pero por los que se pagaron 382.000 euros. Y que en el 2006, Urdangarin y sus socios casi se cargan el Parque Natural de la Albufera con un absurdo plan que no llegó a buen puerto, que preveía la construcción de 2.500 viviendas. El yerno del rey está imputado por apropiación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.