Los informes del arquitecto municipal salvan al exnúmero dos de Carlos Fabra del procesamiento por blanqueo de capitales

El exalcalde popular de Vall d'Alba (Castellón), antigua mano derecha de Carlos Fabra como vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, se ha salvado de su procesamiento por los presuntos delitos de fraude contra la Administración Pública y blanqueo de capitales por la adquisición de fincas en la localidad para su recalificación. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, la magistrada Miryam Panadero Calzada, ha enmendado la plana a su antecesor, el juez Jacobo Pin, que había abocado al exalcalde, a su hija y al promotor Raul Babiloni a un juicio con jurado. La magistrada estima, en un auto dictado el pasado 5 de julio, los recursos de las defensas y a pesar de reconocer que la resolución de Pin recoge “suficientemente” los hechos apreciados, considera que no hay indicios de delito alguno sobre la adquisición de fincas por parte de Francisco Martínez.

El auto que salva al exalcalde popular del banquillo destaca una certificación del secretario interventor del Ayuntamiento de Vall d'Alba que recuerda que el acuerdo de venta de dos de las fincas fue aprobado por unanimidad en el seno de la Junta de Gobierno, además de contar con el informe favorable de los servicios técnicos municipales y del arquitecto municipal sobre la valoración de los bienes.

Las dos fincas son, según un auto de la Audiencia Provincial de Castelló, “parcelas sobrantes de propiedad municipal” y, además, el empresario Raul Babiloni poseía a su vez la finca colindante.

La defensa del promotor también recurrió el auto del juez Jacobo Pin argumentando que “nadie podía saber” que otras dos fincas se iban a presentar en el marco de los programas de actuación del Pla de l'Arc y del Mas de Lluna, proyectos urbanísticos presentados por una filial de la empresa Lubasa, una firma con la que Francisco Martínez intervino en “numerosas compraventas”, como alcalde y también como particular, según señalaba el instructor.

“La venta se hizo a una empresa experimentada dedicada a la promoción inmobiliaria y a la realización de obras de urbanización, integrada en un gran grupo empresarial y que tenía más de 300 PAI en toda la Comunitat Valenciana”, reza la resolución de la magistrada Miryam Panadero Calzada, quien rechaza que hubiera información privilegiada de por medio. Se trata de la misma instructora que archivó la causa contra el empresario Fernando Roig en el 'caso Fabra II', una instrucción en la que afloraron parcelas propiedad de Carlos Fabra colindantes con las de Francisco Martínez.

Competencias delegadas

Además, agrega, el exalcalde del PP delegó las competencias urbanísticas en la Junta de Gobierno local, en concreto la gestión y los proyectos de urbanización. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón señala que “debe destacarse” que las actuaciones urbanísticas comandadas por Francisco Martínez y por el promotor inmobiliario Raul Babiloni eran de “carácter privado”. Así, el exalcalde del PP y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón “no podía conocerlas ni tenía competencia o función alguna a la vista de la delegación presentada”.

El primer edil popular compraba y vendía con un empresario amigo suyo —con su hija a sueldo del promotor— fincas que luego eran recalificadas pero, al tener delegadas las competencias de Urbanismo, la jueza no ve delito alguno. El auto también alude a la prescripción que alegan las defensas: “En caso de que existieran indicios de hecho delictivo, los mismos habrían prescrito”. Las fincas se adquirieron en 2005 y el auto de incoación de diligencias previas se dictó en 2016, “habiendo transcurrido un plazo superior a los diez años”. En el supuesto de existir indicios de delitos, las actuaciones serían igualmente archivadas por prescripción.

Contra el auto cabe recurso de apelación. Sin embargo, el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, aún estudia si interpone o no un recurso.