Un inmigrante venezolano con VIH encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en València, denuncia que este jueves ha recibido la notificación de su inminente expulsión. El Ministerio del Interior tiene previsto trasladarlo este viernes a las 9:25 al aeropuerto de Barajas para deportarlo a Venezuela.
R. Y., de 33 años, residía en Madrid desde 2015 y pasó un tiempo sin recibir tratamiento médico. “En mi país no lo conseguía”, asegura a este diario desde el recinto de Zapadores. En Madrid por fin consiguió tratamiento a través del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y su estado de salud mejoró.
El hombre cuenta que no fue internado en el CIE de Madrid “porque no había plazas disponibles” pero la Policía le retiró el pasaporte y le proporcionó una fotocopia compulsada para que periódicamente acudiera a firmar. R. Y. sostiene que perdió esa fotocopia compulsada y que dejó de acudir a firmar “por el temor de que me capturaran”. En 2017, según han confirmado fuentes oficiales a este diario, la Subdelegación del Gobierno en Burgos emitió una orden de expulsión.
El pasado 13 de noviembre, el venezolano estaba de paso por València cuando la Policía lo identificó y, al no tener papel alguno, fue internado en el CIE de Zapadores. “Nunca antes había estado internado en un CIE”, declara R. Y., quien critica las condiciones del centro: “aquí hay restricciones de todo tipo, la comida es una porquería, las celdas son asquerosas y no tienen calefacción, todo el mundo está resfriado”. “Hay un abuso de poder de muchas de las personas de aquí contra los internos”, añade.
Durante su internamiento ha recibido la medicación gracias a su pareja, un ciudadano español residente en Madrid. La campaña CIEs No, con la ayuda de la ONG Médicos del Mundo, ha intentado acceder al recinto para hacer un seguimiento del caso, según un portavoz. “Estando aquí adentro informé a la Policía que yo tenía enfermedad crónica, no me hicieron analíticas ni me dieron la medicación y fue mi pareja quien les facilitó la medicación”, relata R. Y., quien también denuncia que desde hace dos semanas sufre diarrea crónica y que no se le ha practicado analítica alguna para comprobar si tiene relación con el VIH. “Tengo erupciones bastante fuertes en las piernas que evidencian claramente que es un hongo, adquirido por la falta de higiene y por las duchas y los baños”, asegura.
El hombre ha pedido asilo humanitario pero una resolución del pasado 26 de noviembre de la subdirectora general de Protección Internacional del Ministerio del Interior rechazó la solicitud. Su abogada de oficio planteó dos días después una petición de reexamen de la solicitud de asilo que tampoco prosperó.
Una letrada de la campaña CIEs No presentó el pasado 9 de diciembre un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de València, encargado del control del CIE de Zapadores, que expone la delicada situación del interno. El escrito denuncia que el pasaporte de R. Y. está caducado y “retenido en Madrid” y advierte que “se va a encontrar en el país de origen sin ningún tipo de documento que acredite su identidad”.
Tras la notificación de la orden de expulsión, prevista para este viernes, otros abogados intentan recurrirla. También han recurrido al Defensor del Pueblo, que este jueves ha admitido a trámite la queja: “se han iniciado las actuaciones ante los organismos administrativos competentes”, indica. Una portavoz de la Delegación del Gobierno consultada por este diario ha confirmado que el interno tiene una orden de expulsión que corresponde a la Subdelegación de Burgos, por lo que el CIE de València tan sólo “custodia” al hombre.
“Mi expulsión a mi país es una sentencia de muerte”, aduce R. Y. desde el recinto de Zapadores. En unas horas probablemente será deportado.