El juez que investiga el 'caso Taula' ha intervenido una cuenta bancaria del grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Valencia.
Según ha avanzado El Mundo, el magistrado ha procedido a bloquear esta cuenta a petición de la Fiscalía Anticorrución, tras analizar las anotaciones de Mari Carmen García Fuster, secretaria del grupo y mano derecha de Rita Barberá detenida en la operación de la Guardia Civil.
El juez pretende así comparar el contenido de las anotaciones del libro de contabilidad con la información de esta cuenta bancaria en la que García Fuster ingresaba las aportaciones del recaudador del partido, con el objetivo de comprobar si se ha podido cometer alguna irregularidad. El Ministerio Fiscal sospecha que el PP pudo cometer delitos electorales en las últimas campañas de Barberá.
El juzgado de instrucción número 18 investiga además presunto blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad.
El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.
Por todos estos presuntos delitos están siendo investigados (término que sustituye a imputado tras una reforma legal) un total de 80 personas entre cargos públicos y empresarios, entre ellos, 9 de los 10 concejales que actualmente tiene el PP en el Ayuntamiento de Valencia, actualmente suspendidos de militancia, aunque manteniendo su acta como independientes dentro del grupo popular.
El PSPV llama a declarar a Barberá
Por otra parte, la concejala del PSPV, Sandra Gómez, ha anunciado este lunes que los socialistas llamarán a declarar a 70 personas, entre políticos y empresarios, en el marco de la comisión de investigación municipal abierta tras el 'caso Taula'.
Entre ellos, destacan la exalcaldesa de Valencia, Rita Berberá, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, como representante legal del partido. También serán llamados a declarar Alfonso Grau, Alfonso Novo, Mari Carmen García Fuster, María José Alcón y María José Pi, personas claves para para los socialistas para esclarecer las posibles irregularidades.
Según Gómez, aunque los citados no tienen la obligación legal de acudir a declarar, sí que existe “una obligación política”. Gómez ha asegurado que los implicados deben dar explicaciones “a toda la ciudadanía”.
Los socialistas pretenden que se aclare si realmente se produjeron adjudicaciones irregulares, a cambio de qué y si realmente existía una caja B y de dónde procedía el dinero de la misma.