El enésimo caso de corrupción que ha estallado en la Comunitat Valenciana puede ser la puntilla definitiva para el otrora todopoderoso presidente de la Generalitat Francisco Camps. La Fiscalía Anticorrupción y la titular del juzgado número 17 de Valencia han interrogado este miércoles como imputado durante más de tres horas a Camps sobre la adjudicación, construcción y sobrecostes del circuito urbano de la Fórmula 1 de València. Desde la causa de los trajes, el exlíder del PP valenciano no había desfilado como investigado por un tribunal, en este caso por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad.
La causa que apunta al expresidente de la Generalitat está secreta desde hace más de medio año y la investigación la lideran la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, que hasta la fecha ha registrado la Conselleria de Vivienda (antigua conselleria de Infraestructuras) y el domicilio del que fuera conseller del ramo Mario Flores, también imputado en la causa. Antes que a Francisco Camps, la juez y el fiscal han tomado declaración al que fuera secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcaiztegui, que ha estado más de dos horas siendo interrogado.
Según ha podido saber eldiario.es, entre las patas fundamentales de la investigación se encuentra el modificado de obra de la construcción del circuito urbano que provocó que el coste inicial de 73,2 millones de euros acabara siendo de 89,7 millones. 16,5 millones en sobrecostes de unas obras que se realizaron en unos diez meses, entre septiembre de 2007 y julio de 2008. Estos expedientes están en poder de los investigadores después de acudir la Guardia Civil a la Conselleria de Vivienda.
La construcción del circuito urbano la realizaron las uniones temporales de empresas formadas por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Pavasal y Becsa, por un lado, y por Obrascón Huarte Lain (OHL), Ecisa y Construcciones Luján, por otro. Cabe recordar que Becsa es la sociedad presidida por Gabriel Batalla, quien hace unas semanas reconoció ser uno de los financiadores del Partido Popular en las campañas de 2007 y 2008.
Otros de los contratos que se investigan en esta causa es el proyecto que determinó las actuaciones necesarias para la construcción del trazado -adjudicado por 2,5 millones a la UTE de las ingenierías Typsa y Ayesa- y el viaje a Dubai y Bahrein del exconseller popular Mario Flores y su número dos en el departamento Victoriano Sánchez Barcaiztegui con motivo de la celebración de la Fórmula 1 en Valencia. El contrato de las ingenierías salió a licitación abierta por 2,9 millones y se lo adjudicaron en UTE estas empresas por 2,5 millones el 2 de octubre de 2007.
A la salida de su declaración, Francisco Camps volvió a defender que en las obras de la Fórmula 1 todo fue correcto.