Nuevo problema judicial para la gestión del exalcalde de Gandía, Arturo Torró. Y otra vez, a cuenta de la empresa Iniciatives Públiques de Gandía (IPG). Si a finales de año el juez imputó a Torró y a uno de sus colaboradores más cercanos, el exedil Javier Reig, por la 'Operación Aplauso', ahora pone la lupa en otra maniobra plagada de sospechas.
El juzgado número 1 de Gandía investigará a raíz de una denuncia del presidente de IPG, el socialista Vicent Mascarell, el cruce de correos que tuvieron el exgerente de la mercantil pública, tesorero del PP y contable de Torró, Gonzalo Morant; la exjefa de servicio de actuaciones empresariales de IPG y exasesora de los exconsellers del PP Esteban González Pons, Rafael Blasco y Juan Cotino, Cristina Serrano; y el empresario y contratista del Ayuntamiento José Martínez de los Mozos.
Los correos electrónicos reflejan supuestamente cómo se priorizó el pago de facturas pendientes a Martínez de los Mozos a cambio de que este perdonara varias deudas que tenía con el PP. El empresario tenía dos abonos pendientes de pago con la mercantil propiedad del Ayuntamiento: uno de 3.751 euros y otro de 5.819 euros.
Mozos le envía un correo a Serrano indicando esas deudas del Ayuntamiento con él. Pero, en el mensaje también señala que los honorarios de la licencia de actividad del local del PP de la avenida de Gandia ascendían a 600 euros. Y, en relación con trabajos de su empresa InfoArquitectura realizados par el PP en las elecciones municipales de 2011 propone: “Los dono o regalo al partido”. Eso sí, pone una condición: “Siempre y cuando se me hagan efectivas las facturas pendientes y las futuras”.
Así, Serrano le reenvía ese documento a Morant. Y en él apunta: “Esto también se debe pagar urgente, ya lo tienes ahí y el chico está en una situación crítica. Ya ves que hay cosas que no cobra”. Mascarell aseguró cuando interpuso la denuncia que el empresario, en efecto, cobró la totalidad de las facturas. Los tribunales dilucidarán ahora si esta maniobra conlleva alguna ilegalidad.