Lola Johnson está siendo investigada por supuesta malversación de fondos, apropiación indebida y fraude en la quiebra de Ràdio Televisió Valenciana, cerrada por la Generalitat tras una caótica gestión en la que se perdieron 1.200 millones de euros. La imputación de Johnson y otros cuatro exdirectivos de la cadena (Luis Redondo, Lluís Motes, Nuria Romeral y José López Jaraba) eleva a 127 los cargos públicos del PP valenciano que son o han sido investigados por presunta corrupción, según Sergi Castillo.
El autor de Tierra de Saqueo ha hecho un monumental trabajo sobre la corrupción en la historia reciente de la Comunitat Valenciana, que afecta de lleno a la élite del PP autonómico: “Un ex presidente de la Generalitat [Francisco Camps], cuatro ex vicepresidentes, diez exconsellers, la ex presidenta de las Cortes [Milagrosa Martínez], nueve diputados autonómicos, cuatro diputados provinciales, los alcaldes de las principales ciudades [los alcaldes de Alicante y Castellón y el vicealcalde de Valencia], dos ex presidentes provinciales.. ” han sido imputados
La sangrante línea roja de Fabra
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aupado al cargo tras la dimisión de Camps, no gana para disgustos en aplicación de su línea roja, la doctrina –hay que hacer de la necesidad virtud- por la cual ningún imputado por corrupción debe mantenerse en su cargo. El President sudó tinta para apartar de su escaño hacia el grupo de no adscritos al exconseller Rafael Blasco, juzgado por el caso Cooperación.
Tampoco ha sido fácil conseguir las recientes renuncias como diputadas de la exconsellera Angélica Such, imputada por Gürtel, la expresidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez (también Gürtel) o la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (caso Brugal). Johnson lo ha puesto más fácil.
Repescada por Fabra como su directora de comunicación, la exconsellera, exjefa de informativos y exdirectora de RTVV, dimitió nada más trascender la imputación para no perjudicar, ha dicho, la acción del gobierno valenciano. Gracias a la denuncia de Compromís deberá responder por varias supuestas irregularidades en Canal 9.
Por ejemplo, la compra de documentales por encima del precio de mercado a una productora que también los vendió a Intereconomía TV, un posible trato de favor a dos televisiones conservadores (Las Provincias TV y Mediterráneo TV, ésta de los obispos) por el transporte de su señal o los pagos sin apenas contraprestaciones al Villarreal, un club de fútbol.