El pasado mes de noviembre, la ONG València Acull denunciaba el trato “humillante” recibido por dos mujeres de nacionalidad colombiana en situación irregular que acudieron a la comisaría de la Policía Nacional de Paterna para tramitar el DNI de sus bebés nacidos en España. La ONG denunció una situación similar con una pareja paraguaya sucedida el 9 de diciembre. Izquierda Unida ha trasladado a la Comisión Europea una serie de preguntas relacionadas con la supuesta discriminación contra personas migrantes en comisaría valencianas.
El escrito presentado por los europarlamentarios de Izquierda Unida apunta que en las últimas semanas se han producido en diferentes comisarías de la Comunitat Valenciana “tratos discriminatorios contra personas migrantes por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Así, explican que los hechos denunciados por la València Acull “y por las personas víctimas de este trato degradante y humillante señalan que se produjeron cuando las personas acudieron a realizar trámites administrativos para regularizar la ciudadanía de sus hijos”. “Las amenazas vertidas por parte de los policías se centraron en diversas propuestas de sanción, expedientes de expulsión, comunicación de información falsa sobre sus derechos o la denegación de asistencia jurídica”.
“Este trato humillante a las personas migrantes vulneraría derechos fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE1, la Decisión marco 2008/913/JAI2 de lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, y la Directiva 2000/43/EC3”, sostienen.
Por ello, preguntan a la Comisión si estos hechos “vulneran derechos fundamentales y normativa europea sobre igualdad de trato”; “¿qué acciones tiene previsto realizar la Comisión para evitar que estas situaciones tan preocupantes sigan ocurriendo?”; y por último si la Comisión iniciará una comunicación con las autoridades españolas y valencianas para “poner fin a estos procedimientos”.
A raíz de estas denuncias, la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana abrió las correspondientes investigaciones, encargando informes a la Jefatura Superior de la Policía Nacional para conocer lo sucedido el 3 de noviembre con las dos mujeres de origen colombiano y posteriormente, el 9 de diciembre, con una pareja originaria de Paraguay.