El policía Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel', ha desglosado en el juicio de la Audiencia Nacional la estructura de la trama y su vinculación directa con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, acusado en la causa. El investigador ha confirmado la “dinámica de actuación” de la red con facturación ficticia de actos electorales de Camps con cargo a empresas privadas y con la caja B.
Morocho ha explicado, a preguntas de la fiscal anticorrupción, que hubo una “relación prolongada en el tiempo y continua con responsables políticos de esas administraciones para captar negocio, que al final es lo que interesa”. “Hay que hacer 'business', como decía Correa”, ha apostillado.
El policía ha detallado los regalos navideños que la trama enviaba a sus contactos en la Generalitat Valenciana y cómo “maquillan los conceptos para dificultar la identificación de los posibles beneficiarios”. El inspector jefe ha recordado las “compras continuas en establecimientos de lujo” de presentes para dirigentes populares como Camps, Ricardo Costa o David Serra, todos acusados en la causa. También para los padres del expresidente de la Generalitat Valenciana y sus suegros.
Con los regalos, “buscan que que vean a Álvaro Pérez como a alguien de confianza que es cercano, que no sólo les hace el evento sino que, a la vez, les resuelve problemas o que les escucha cuando tienen problemas”, ha dicho Morocho. El policía también ha destacado la “concentración” de regalos en el periodo navideño y cómo los responsables de la trama “singularizan” los presentes, incluidos bolsos de Loewe a Isabel Bas, esposa de Francisco Camps, o un “producto tecnológico puntero” a uno de los hijos de ambos.
El inspector ha analizado la dinámica de la facturación en B de actos encargados por el PP valenciano a la trama y ha destacado uno en concreto: la presentación de Camps como candidato en sendos eventos celebrados en 2002 y 2003. Los costes de los servicios prestados por proveedores los asume el “Congreso de la Internacional Democratacristiana en Corfú” o empresas privadas.
La fiscal anticorrupción ha repasado las conversaciones telefónicas intervenidas, por orden judicial, por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en las que Álvaro Pérez 'El Bigotes' intenta negociar un calendario de cobros, tanto en A como en B, además de una suerte de regulación en la obtención de adjudicaciones públicas en el marco de la competencia con otras empresas del sector.
El investigador ha repasado el papel del Bigotes como delegado de la trama en Valencia y ha destacado una conversación intervenida con Francisco Correa, jefe máximo de la red. “Correa es muy claro, Álvaro Pérez trabaja para el presidente [Francisco Camps], no para el PP de la Comunidad Valencia, lo centran mucho en la persona”.
La caja B de 'Gürtel'
La trama siguió la misma estrategia en Madrid y en Valencia: “La estructura Correa característica es la introducción dentro de los órganos directivos de la formación política para hacer algo tan importante como la campaña, en términos de creatividad, con el objetivo de conseguir la victoria en los procesos electorales”. “Eso”, ha agregado Morocho, “va en paralelo a generar una relación de confianza que permita la captación de negocio en el ámbito de la contratación pública”. Además, la red 'Gürtel' también intervenía en procesos urbanísticos o en la adjudicación de operaciones inmobiliarias, ha recordado el testigo perito.
La caja B de la trama delataba dos momentos “relevantes”: entre 2001 y 2003 con un “tope de ingresos” por su actuación en la Comunidad de Madrid y en 2007 con otro pico “máximo” como consecuencia de la “vasculación” de la estructura empresarial hacia el Palau de la Generalitat. La red consiguió con su traslado a Valencia “mantener su cifra de negocio”, ha explicado el inspector Morocho.
El policía también ha afirmado que en la caja B “se observa perfectamente una punta de ingresos que obedece al aumento [de sus actividades] en Valencia y a los cobros por las campañas al PP de la Comunidad Valenciana”.