En el auto de incoación de procedimiento abreviado del 'caso Alquería' el juez instructor de la causa dedica varias páginas a la declaración clave de un testigo llamado Jose Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública de la Diputación de Valencia. El letrado, históricamente ligado a los socialistas valencianos, ha sido uno de los puntales de la investigación por la contratación de cargos de alta dirección vinculados al PSPV-PSOE y Compromís, las dos formaciones que se hicieron con el poder en la Diputación de Valencia tras la caída del popular Alfonso Rus acosado por la trama de presunta corrupción masiva del 'caso Taula'.
Vera ha sido uno de los principales colaboradores de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Alquería', que se saldó con la detención y posterior dimisión del presidente de Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, actualmente alcalde de Ontinyent con una nueva formación tras su salida del PSPV-PSOE.
Este jueves, durante la segunda fase de la operación policial del 'caso Azud', José Luis Vera ha sido detenido y su despacho en la empresa pública Divalterra registrado y precintado. Algún procesado en el 'caso Alquería' no podía disimular su satisfacción por la detención. En las filas socialistas, la caída de Vera causó un cierto pánico.
Abogado penalista y magistrado sustituto en la Audiencia Provincial de Valencia durante ocho años —con más de 2.500 resoluciones como ponente, tal como destaca su currículum oficial—, Vera ha navegado siempre en cargos ligados al partido. Fue asesor del Ayuntamiento de Gandia durante la etapa de alcalde socialista de José Manuel Orengo, uno de los cargos de confianza más cercanos al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, actualmente en la empresa privada. Mucho antes, previamente a la larga hegemonía del PP en tierras valencianas, fue director general de Consumo del Ejecutivo autonómico del socialista Joan Lerma.
Su vinculación con los socialistas siempre ha sido, como mínimo, ambivalente. Especialmente tras su aterrizaje en la Diputación de Valencia. El denunciante de las contrataciones irregulares tiene una más que estrecha relación con el letrado y la tuvo en su momento con Marcos Benavent, el “yonki del dinero”.
Uno de los gerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo, acusó a José Luis Vera, de guiarse por sus propios intereses “ajenos a lo que representa el PSOE”, en un revelador correo electrónico dirigido a Jorge Rodríguez e incorporado al sumario. Sahuquillo concluía su mensaje dirigido al entonces presidente de la Corporación provincial proponiendo una suerte de estrategia que pasaba por reducir a Vera “al máximo sus competencias y sus expectativas”.
El jefe de los servicios jurídicos ha sido una persona clave en los últimos años en la gestión de Divalterra, la empresa pública heredera de Imelsa, auténtico epicentro del 'caso Taula'. Ha sido el asesor jurídico de los tres gerentes -José Ramón Tíller, Víctor Sahuquillo y Xavi Simó, todos dimitidos- y quien ha llevado la relación más cercana con los instructores del 'caso Taula'.
El veterano abogado alertó de las presuntas ilegalidades en los nombramientos de alta dirección en el contexto de las guerras internas entre los socialistas. Vera declaró ante el juez que los siete altos directivos entraron a trabajar en áreas en las que no había ni personal ni presupuesto y que simplemente se dedicaban a “pedir opiniones” a sindicatos y alcaldes.
El jefe jurídico, de baja por enfermedad, aseguró que le “consta” que los más estrechos colaboradores de Jorge Rodríguez “se habían dirigido a trabajadores y personas de la empresa” que le han visitado durante su convalecencia por el temor a ser despedidos si no seguían las instrucciones. Incluso llegó a asegurar que la co-gerente Agustina Brines, de Compromís, acudió a su casa con una lista de 30 personas que debía despedir, supuestamente por orden de Rodríguez, “por ser sospechosos de haber sido nombrados por el PP”.
Inopinadamente, el 'caso Azud' se ha llevado por delante al responsable de los servicios jurídicos de Divalterra que tanto colaboró con Anticorrupción. La firma de la que es propietario (Vera Llorens SLP) fue apoderada de Construcciones Valencia Constitución SL, la promotora del empresario Jaime Febrer, el principal detenido de la segunda fase de la operación contra la corrupción urbanística.
Tras su detención este jueves, el despacho del jefe de los servicios jurídicos en la sede de Divalterra, sita en la calle de Avellanas de Valencia, ha sido registrado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La comisión judicial ha permanecido poco más de una hora y no ha intervenido documentación alguna. El presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, ha convocado un consejo extraordinario de Divalterra el próximo lunes para decidir la más que previsible salida de Vera.
La Fiscalía Anticorrupción siempre llama dos veces.