Las personas que son nombradas altos cargos de gobiernos tienen la obligación de presentar una declaración de bienes cuando acceden a su puesto. Además, deben modificarla cuando existen cambios sustanciales en el patrimonio. La intención, un ejercicio de transparencia que pretende combatir el enriquecimiento ilícito de los políticos durante el desempeño de su cargo o en el futuro.
El que fuera vicepresidente del Gobierno valenciano y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, reitró su declaración de bienes cuando todavía era cargo público el 26 de enero de 2010 y ya no la volvió a presentar nunca en el registro de altos cargos, según las pesquisas realizadas por la diputada de Compromís, Mònica Álvaro. Meses después, en abril de 2010, siendo conseller de Medio Ambiente, todos las altos cargos del Gobierno valenciano hicieron públicas sus declaraciones de bienes.
En esa declaración, Cotino dijo tener 1.907.309 euros -7.735,84 en bienes inmuebles y 1.899.573,16 en otros bienes-, y que carecía de deudas. Esta cifra llama mucho la atención puesto que en ella no se ve reflejado el montante de una gran operación de venta de acciones que le generó pingües beneficios tres años antes. El cobro 11,3 millones de euros por el traspaso de sus acciones en Sedesa a principios del año 2007, según ha revelado la Guardia Civil en un informe presente en el sumario del caso Erial.
El volumen de operación tenía que haber sido comunicado a la Generalitat e inscrito en su registro de bienes, pero nunca la reflejó. ¿Por qué?
Con motivo de la comisión de investigación parlamentaria de las adjudicaciones de las residencias a Savia Gerocentros, propiedad de Sedesa (familia Cotino), Álvaro se interesó por las declaraciones de bienes de Juan Cotino. Según explica la diputada de Compromís, la declaración del exconseller ahora investigado fue retirada por un funcionario que no se identificó en enero de 2010. Antes, en 2006 había presentado una declaración que fue modificada en 2009 con información de su venta de acciones a Sedesa en 2007.
Meses después de esta modificación de 2009 y con el caso Gürtel desangrando al PP valenciano, Cotino presentó un escrito para retirar su declaración por motivos de “seguridad”. Un funcionario que no se identifica en un escrito de su puño y letra se hace con la declaración. Este cambio impide conocer ahora a los diputados si el patrimonio de Juan Cotino se disparó, algo que se ha hecho público de rebote, gracias al informe de la Guardia Civil del caso Erial sobre Sedesa.
Para Mònica Álvaro, “Cotino hizo dinero a costa de los más débiles y mintió cuando dijo que su empresa Alquería Dolores -a través de la que invirtió dos millones en 13 TV- tenía un valor sentimental y agrícola”. Además, apunta, “robó una documentación que tenía que depositar en la administración”.