Alfonso Grau (Callosa d'En Sarrià, Alicante, 1941) ha pasado del todo a la nada en apenas un año. Médico cirujano, fue elegido concejal del ayuntamiento de Valencia en 1995, en el entonces todopoderoso PP de Rita Barberá. Hasta marzo de 2015, cuando, pese a su negativa inicial, con arranques de chulería incluidos, fue forzado a dimitir por su procesamiento por el caso Nóos.
Grau está pendiente de sentencia por ese asunto. El PSOE -la Fiscalía no le ha acusado- le cree una pieza fundamental en el entramado por el que el yerno de Juan Carlos I se enriqueció con sus negocios con las administraciones valencianas. Pide para él 11 años de prisión: ocho años por malversación y tres por fraude a la administración. El exvicealcalde niega los hechos y, en su escrito de defensa, acusa a los socialistas de acusarle falsamente y solicita que costeen sus abogados.
El médico, ahora refugiado en la docencia en la Universidad Católica, una universidad privada mimada por el PP, también está imputado por un delito de cohecho continuado. La instrucción, en principio ajena al caso Taula, investiga si Grau recibió sobornos de un empresario -Urbano Catalán, de Viajes Transvía- a cambio de adjudicaciones.
Finalmente, Grau ha sido imputado en el caso Taula, el asunto en el que su mujer, María José Alcón, aparece como, supuestamente, una pieza clave. “No sé a qué coño viene esto ahora”, ha declarado a La Sexta sobre su último lío judicial. El exvicealcalde podría estar implicado en el blanqueo de dinero -delito de financiación electoral- que ha desmantelado el grupo popular en el ayuntamiento de Valencia: nueve de sus 10 concejales están imputados y, pese al expediente abierto por el partido, siguen en el tajo. Barberá, con quién Grau está ahora enfrentado, tampoco ha dejado el senado.