El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, encargado del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia), ha incoado un expediente de control tras una queja recibida por una letrada que ha denunciado “intervenciones de los funcionarios policiales en las conversaciones” entre los voluntarios que realizan tareas de acompañamiento con los migrantes que atienden en el recinto.
La letrada, asesora jurídica de la campaña CIEs No, ya presentó una queja el 15 de julio del 2022. El expediente de control incoado a raíz de aquella queja acordó, el 1 de septiembre, que “dado el carácter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ningún tipo de las conversaciones que puedan escuchar entre ellos [internos y acompañantes]”.
Sin embrago, la misma letrada ha vuelto a denunciar ante el juez que “las pasadas semanas” se han repetido las “intervenciones” de los funcionarios policiales encargados de la vigilancia del recinto en las conversaciones que mantienen los voluntarios de la campaña con los internos. El escrito incluso denuncia que los funcionarios llegaron a mostrar su “disconformidad” con el contenido de las conversaciones, teóricamente privadas, y adjunta fotografías de agentes que “se sitúan de espaldas a la puerta de la habitación”.
La posición de los agentes, situados en la puerta del habitáculo en el que se realizan las entrevistas, “les permite escuchar, lo cual no tiene ningún sentido desde la perspectiva garantiste de la seguridad”, agrega el escrito.
Anteriormente, abunda la asesora jurídica, los funcionarios mantenían la puerta abierta (“en aras de mantener la seguridad de los visitantes”), pero se situaban al otro lado del pasillo, lo cual “sí les daba un control visual del interior de la habitación y la distancia garantizaba la privacidad de la entrevista”.
El juez encargado de la vigilancia del recinto, tras esta segunda queja, ha incoado un nuevo expediente de control del CIE y ha pedido a sus responsables que informen “lo procedente”. “Con su resultado se acordará”, agrega.
La campaña CIEs No considera que se trata de “espionaje” a las visitas que reciben los internos y recuerda que las personas que realizan tareas de acompañamiento han pedido privacidad “reiteradamente”. También aseguran que se han dado “situaciones similares” con los profesionales del Servicio de Orientación Jurídica en el CIE del Colegio de Abogados de Valencia.
Los activistas señalan que, el pasado 15 de marzo, cuando se tramitó la primera queja, los agentes expulsaron a un miembro de la campaña ciudadana que atiende a los migrantes durante una visita. Previamente, el 22 de junio, otro agente habría interrumpido “de forma brusca” el encuentro indicando que su “superior” había dado la “instrucción” de que “se habían finalizado las visitas”, según la versión de CIEs No. También relatan que un mando policial acusó a los activistas de “calentar la cabeza a los internos” y habría afirmado que el agente que vigilaba la visita interrumpida había oído que las personas acompañantes le habían dicho al interno que “la policía es racista”.
Tras el supuesto incidente, los miembros de la campaña abandonaron el recinto. CIEs No considera que los responsables de Zapadores han hecho “caso omiso” al primer acuerdo del juez, ya que la policía “continúa espiando las visitas” e “interviniendo en las entrevistas”.
La campaña CIEs No infringe el reglamento de los centros de internamiento, que reconoce derechos como la preservación de la intimidad o a “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales”. Los activistas recuerdan que un auto del juez de control del recinto de internamiento del 2011 indicaba que las ONG que asisten a los internos “superan el mero concepto de visitas de apoyo” y son “quienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protección de los inmigrantes internados”.