El juez pide abrir una nueva causa a Fabra por el uso de dos escoltas pagados por Marina d'Or y una constructora que financiaba al PP

¿Quién pagaba la seguridad privada de Carlos Fabra al dejar de ser un cargo público? Hasta ahora era un misterio.

Cuando el expolítico del PP abandonó la presidencia de la Diputación de Castellón, acorralado por la investigación del magistrado Jacobo Pin, la oposición pensaba que sus escoltas los continuaba pagando el ayuntamiento de la capital de La Plana. En realidad, según ha descubierto el juez durante la instrucción por el presunto ocultamiento del patrimonio de Fabra para evitar sus deudas con Hacienda, los salarios de sus escoltas privados los abonó Marina d'Or, la conocida empresa de Jesús Ger, y Becsa SA, la constructora de la familia Batalla, cuyo responsable, Gabriel Alberto Batalla Reigada, ya fue condenado por financiación ilegal del partido tras confesión propia.

El mismo juez que instruyó la causa inicial contra Fabra ha resuelto el misterio, tras la declaración el pasado 21 de enero de los escoltas Manuel Izquierdo Segura y Jesús Marmaneu Viciano, agentes de la Policía Local de Castelló. Así, el magistrado, una auténtica bestia negra para Fabra, ve indicios de un presunto delito de prevaricación en los supuestos pagos y solicita en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es que se deduzca testimonio de la declaración de ambos agentes y que se abra un nuevo procedimiento para investigar los hechos. Sería el segundo caso que se investiga a consecuencia de las pesquisas, tras la reapertura de la causa del campo de golf de Borriol.

El magistrado acordó el sobreseimiento de la causa para Luis Enrique Batalla Reigada (hermano del condenado confeso por la financiación ilegal del PP), de la constructora Becsa SA de la familia de Luis Batalla, un empresario que siempre estuvo en la órbita de los populares. La empresa Marina d'Or, sin embargo, no había aparecido en las pesquisas hasta ahora.

Ambas empresas, según apunta el auto, abonaron tanto los salarios de los escoltas como el “coste de su formación”. Manuel Izquierdo Segura y Jesús Marmaneu Viciano declararon ante el juez que los ingresos en metálico de fondos “se realizaban a través de sobres cerrados que eran llevados a la correspondiente sucursal bancaria”, tras lo cual se entregaba al expolítico del PP el documento justificativo de la operación, “también en sobre cerrado”. 

Tras abandonar Fabra la institución provincial y reingresar en la Cámara de Comercio, los agentes de la Policía Local de Castellón pasaron a “situación de excedencia voluntaria por interés particular”, según refleja un acta de la junta local de gobierno del ayuntamiento. Poco después, según una resolución del Ministerio del Interior publicada en el BOE, Izquierdo y Marmaneu superaron las pruebas de selección y fueron declarados aptos como escoltas y vigilantes de seguridad. Jesús Marmaneu Viciano también fue candidato en una lista electoral del PP.

Ambos declararon en la causa que investiga el presunto ocultamiento del fabuloso patrimonio de Carlos Fabra —llegó a mover hasta 26 millones de euros en sus cuentas bancarias, según ha descubierto la instrucción— por los ingresos en cajeros de fondos del expolítico del PP, generalmente en billetes de 500 euros, tal como destaca un informe de la Fiscalía Anticorrupción incorporado al sumario.

En la laberíntica telaraña de negocios del fabrismo, la constructora Becsa aparece en el caso de las fincas del exalcalde de la Vall d'Alba, antigua mano derecha del entonces presidente de la Diputación. Francisco Martínez, alcalde de la localidad castellonense durante más de dos décadas, intervino en “numerosas compraventas”, tanto en su condición de alcalde como de particular, con la constructora, filial de Lubasa, según apunta el juez Jacobo Pin, que también se encarga de esta causa.

La empresa Marina d'Or no había aparecido en las pesquisas hasta la declaración de los dos escoltas ante el magistrado. Carlos Fabra, entonces secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, mientras la empresa de Jesús Ger pagaba supuestamente los sueldos y la formación de sus guardaespaldas privados, avaló públicamente que el conocido complejo turístico albergara el Eurovegas, una opción que el empresario Sheldon Adelson finalmente descartó.

Fuentes de la empresa han confirmado a este diario que se prestó un servicio por parte de la filial Seguridad Privada Marina d'Or SL y que fue cobrado, aunque no han podido identificar al pagador de las facturas ni explicar por qué fueron precisamente los antiguos escoltas de Fabra quienes llevaron a cabo el trabajo.