Sergio Blasco, exgerente del Hospital Provincial de Valencia y sobrino del corrupto confeso Rafael Blasco, creó “un entramado de empresas y personas que obtuvieron un beneficio ilícito de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que a su vez subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras empresas de la misma trama, sin que estas ejercitasen actividad alguna, pero justificando con ello los pagos que se efectuaban, sirviéndose asimismo de estas empresas para cobrar comisiones directas e indirectas”.
Así resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia la presunta trama del 'caso Osvaldo' en el auto de incoación de procedimiento abreviado que sitúa a Sergio Blasco al borde del banquillo de los acusados, junto con su hermano Francisco José y varios empresarios, por los supuestos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
El auto, adelantado por el diario Las Provincias y al que también ha tenido acceso elDiario.es, destaca que los presuntos beneficios ilícitos fueron repartidos entre los integrantes de la organización desmantelada en la 'operación Osvaldos'. La presunta trama aprovechaba la adjudicación de contratos administrativos, “en muchos casos con irregularidades”, a una red de empresas controladas por procesados vinculados a Sergio Blasco, que a su vez subcontrataban con otras sociedades sin actividad empresarial ni personal que no han podido justificar los trabajos o servicios prestados.
Las empresas de la supuesta red en ocasiones “recibían pagos sin justificación” de otras firmas que habían sido adjudicatarias por parte del Hospital Provincial de Valencia sin otra justificación que “la gestión del cobro de comisiones”. La instrucción ha detectado un “constante trasvase de cantidades de dinero sin justificación”, según destaca el juez.
La resolución libra del banquillo de los acusados al exconseller del PP Rafael Blasco, tío del procesado y condenado por corrupción por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana. La instrucción no ha acreditado que Rafael Blasco “diese orden, indicación o sugerencia alguna en pos de determinar las empresas que debían ser adjudicatarias”.