El Juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa, ha archivado la causa por un delito de cohecho contra el empresario José Adolfo Vedri por el contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Centro Cultural de La Rambleta.
Así consta en un auto, en el que el juez acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de Vedri en esta pieza -la E del caso-, pero recuerda que sí existen otros hechos investigados en esta causa que apuntan “razonablemente” y “de manera más consistente” hacia su posible responsabilidad penal, “pero no en el concreto ámbito de los hechos de la adjudicación de La Rambleta”, apostilla.
La representación procesal del empresario solicitó el sobreseimiento parcial de las actuaciones por segunda vez y alegó, al igual que lo hizo en la primera ocasión, debilidad indiciaria de los elementos o datos que apuntasen a una conducta de cohecho.
El juez rechazó inicialmente sobreseer la causa que afectaba a Vedri en relación con La Rambleta porque todavía estaba en estudio y elaboración y, por tanto, se desconocía el resultado de una pericial técnica acordada que tenía, entre otros objetos, valorar el proceso de adjudicación del concurso de La Rambleta.
Este informe ya se ha incorporado al procedimiento y el juez estima que con el mismo, los elementos o indicios que había contra Vedri “se han debilitado aún más” y son “claramente insuficientes” para mantenerle la imputación. “Y no solo eso, sino que en esa misma lógica valorativa, los contraindicios adquieren consecuentemente más fuerza”.
Vedri, agrega el magistrado, “sobre una base indiciaria y dispersa ha tenido que soportar la condición de investigado durante un tiempo largo, condición que se fundamentaba en un precario equilibrio entre el deber público de descubrir el delito y la presunción de inocencia que razonablemente no se puede mantener más a la luz de lo actuado”, sostiene.
La empresa de renovables de Benavent
Por otro lado, el juez ha dictado otra resolución dentro del caso Imelsa pero en relación con la mercantil Spartaky Sinergias S.L., empresa de energías renovables propiedad de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, y cuyo administrador es José Estarlich.
Fiscalía solicitó la intervención judicial de la sociedad, que se nombrase un interventor y que se requiriese a la Diputación de València que propusiera a una persona para desempeñar este cometido. El fiscal pidió estas medidas ante indicios de que el capital con el que fue constituida la empresa procediese de una actividad ilícita llevada a cabo por Benavent, en relación con el delito de malversación que se le imputa.
Esta sociedad, sobre la que el fiscal considera que no es sino el instrumento y cauce de blanqueo, está formalmente representada y gestionada por Estarlich, extestaferro de Benavent. Su actividad consiste en la actualidad en amortizar un préstamo bancario y percibe ingresos derivados de la explotación y subvenciones derivadas de la actividad y objeto para la que fue constituida.
Como consecuencia, el ministerio público estimaba que era procedente la intervención judicial para asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran derivarse de los delitos investigados.
El juez acuerda entonces el cese provisional, durante el tiempo de la intervención, de los órganos estatutarios de administración de la sociedad; requerir a la Diputación para que designe a una persona para el desempeño de funciones de administrador judicial; y que se requiera a Estarlich para que, a la mayor brevedad posible, ponga a disposición del juzgado los bienes y documentación contable, jurídica y de explotación de la sociedad. Se formará una pieza separada para lo relativo a esta intervención.