El juicio al cártel del fuego que sobornó a un exconseller del PP acaba con penas menores y sin ingresos en prisión

El juicio al 'cártel del fuego' que sobornó a cargos públicos y funcionarios para hacerse con contratos de aviones para la extinción de incendios en España acaba con penas menores que no supondrán ingresos en prisión para los 16 acusados, entre ellos el exconseller valenciano del PP Serafín Castellano.

La Audiencia Nacional ha abordado la fase final de la vista con las conclusiones definitivas, en la que el fiscal ha considerado se ha acreditado la existencia de un cártel de empresas que se repartió al menos entre 1999 y 2015 el mercado de forma oculta y que hubo un “riego de regalos” para obtener el favorecimiento de adjudicaciones de concursos por administraciones públicas.

En la sesión de este lunes los abogados de Serafín Castellano y otros once acusados han ratificado acuerdos de conformidad con el fiscal para confesar los hechos a cambio de penas menores.

Serafín Castellano acepta ser condenado a dos años y siete meses de cárcel al confesar su participación en procesos irregulares de adjudicación al grupo de empresas Avialsa, propiedad del también procesado Vicente Huerta.

Huerta le recompensó con dinero en metálico además del pago de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, un rifle, jamones, cenas, comidas y otras dádivas por más de 160.000 euros, según los hechos relatados por el fiscal reconocidos por el exconsejero.

El fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión para Serafín Castellano, que ocupó las Consellerias de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014 y que además fue delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Vicente Huerta asume tres años y cinco meses de cárcel frente a los 25 años que pedía inicialmente el fiscal para él.

En virtud de los mismos, el exjefe de la Unidad de Medios Aéreos de la Generalitat de Cataluña Ramón D.B. ha aceptado una pena de un año y once meses de cárcel frente a los seis años que solicitaba el fiscal.

Igualmente, Francesc Xavier P.C., exencargado del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Subdirección General de Gestión Económica y Contratación del Departamento de Interior de la Generalitat catalana, ha aceptado un año y dos meses de prisión, frente a los cinco años que reclamaba la Fiscalía.

El resto de acusados que han pactado son empresarios, que han aceptado penas de alrededor de un año y medio de cárcel.

Para ratificar los pactos el fiscal ha tenido en cuenta que Serafín Castellano y Vicente Huerta ya depositaron de forma conjunta 904.000 euros para indemnizar a las administraciones perjudicadas, así como que el segundo ha pagado casi un millón más por el mismo concepto y que el resto de acusados que han pactado han consignado 234.000.

Solo cuatro acusados no han pactado con el fiscal, que ha rebajado para ellos distintas peticiones de pena de cárcel o inhabilitación al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que se abrió el procedimiento en 2015.

Se trata de Vicente B.C., excoordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana; Manuel B.S., exresponsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat catalana, y los empresarios Rubén Mariano G.P. y Francisco Antonio A.E..

Sobre este último el fiscal entiende que aunque su denuncia destapó esta trama no cumple todos los requisitos para aplicarle la excusa absolutoria que alega su defensa pero ha indicado que “dada su labor de colaboración” el tribunal puede instar un posible indulto en la fase de ejecución de la sentencia.