Las juventudes de Compromís han puesto en conocimiento de la Fiscalía contra los Delitos de Odio las amenazas recibidas por parte de un grupo de extrema derecha durante la Procesión Cívica del 9 d'Octubre de València. Para el colectivo las amenazas durante este acto oficial que cada año agrupa a miles de personas en la ciudad de València “no se engloban dentro de lo que tendría que ser una sociedad democrática y tolerante.”
En la queja que se ha presentado, se ha adjuntado un documento para denunciar los hechos con videos prueba para que puedan ser identificados los diferentes individuos que podrían haber causado presuntos hechos constitutivos de delitos de odio. Destacan brazos en alto haciendo simbología nazi o el grito de “me cago tose muertos, maricón” que profirieron contra el secretario general de Joves PV, Joan Guanter, por llevar una camiseta donde se podía leer “Orgull de ser País Valencià” con una bandera LGTBI.
“Complicidad de la policía”
Por otro lado señalan que “el 9 d'Octubre, el valencianismo celebramos el día del nacimiento de nuestro pueblo, y no podemos tolerar que la extrema derecha actúe con total impunidad por las calles de València con la complicidad de la Policía y de la Delegación del Gobierno liderada por el PSOE” ha denunciado Joan Guanter. Así recordaba que “ya lo vivimos a la manifestación del 9 de octubre de 2017 en València, con agresiones a la manifestación de la tarde, o ayer mismo cuando un compañero valencianista fue agredido por un grupo de extrema derecha. La extrema derecha violenta no puede tener impunidad en un Estado Democrático”.
Guanter ha afirmado “no podemos tolerar simbología nazi y amenazas sin que la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno actúan, exigimos que se tomen medidas inmediatas”, por ello concluyen informando que en el escrito presentado por las juventudes de Compromís, se insta a la Fiscalía que inicie una investigación para aclarar los hechos.
La diputada en el Congreso de Compromís, Àgueda Micó, también ha presentado una pregunta parlamentaria por la cual se pregunta al Gobierno si tiene previsto abrir una investigación, así como también si la Fiscalía actuará de oficio por un delito de odio.