La Comunitat Valenciana quiere poner coto a los pisos turísticos irregulares y frenar la especulación con esta actividad, que ha sacado del mercado miles de viviendas y ha aumentado la tensión sobre los precios del alquiler para residentes. Administraciones, partidos y asociaciones de barrio se movilizan para detectar los pisos que operan sin licencia y las obras ilegales; los Ayuntamientos anuncian la paralización de nuevas autorizaciones y el Ministerio de Consumo pide colaboración para sancionar las malas prácticas y sacar a quienes hacen trampa del mercado.
Mientras, la Generalitat Valenciana ultima un decreto para intensificar el control sobre los alojamientos turísticos. En la última década, los inmuebles con licencia han crecido hasta los 120.000 en todo el territorio autonómico, concentrado en capitales como Valencia, que ya tiene distritos con el 10% de sus viviendas para uso turístico, y en los municipios costeros de Alicante, provincia que concentra el 70% de la oferta. Si la cifra es alta considerando lo legal, los apartamentos que operan al margen suponen casi el doble, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, que solo tiene 13 inspectores para verificar la norma y sancionar.
El departamento que dirige Nuria Montes pretende limitar las licencias al titular de la vivienda, para que si esta se vende tenga que volver a solicitar una autorización administrativa. También prohibir los cajetines con candado que inundan los portales de viviendas, donde los propietarios de los pisos turísticos dejan las llaves y evitan acudir a entregarlas en mano. Montes informó en la televisión pública de que todas las viviendas turísticas tendrán que estar dadas de alta antes del 31 de diciembre o se enfrentarán a sanciones, que en los casos más graves llegarán hasta los 600.000 euros. El Gobierno valenciano sigue rechazando la implementación de una tasa turística y la limitación de precios de alquiler que propone la ley estatal de vivienda.
Los movimientos vecinales reclaman una política que devuelva los barrios a sus habitantes. Cansados de los efectos del turismo, de la saturación de visitantes y del cierre de negocios tradicionales para su reconversión en franquicias y bajos de alquiler vacacional, asociaciones como las del Cabanyal o la Saïdia se manifiestan constantemente. También surgen iniciativas ciudadanas como la plataforma La Mataobras, que se dedica a la divulgación: muestra cómo cambiar los estatutos de una finca para impedir la actividad turística o cómo denunciar una obra sin licencia y otras malas praxis del sector inmobiliario; por ejemplo, aquellos anuncios en los que una agencia simula ser un particular que busca vivienda para comprar. La coalición Compromís también ha habilitado un canal de denuncias anónimas para los apartamentos irregulares en las capitales valencianas.
Este jueves, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, instaba a los dirigentes autonómicos a colaborar con el rastreo de pisos irregulares e implementar la ley de vivienda para regular los precios. El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación a las plataformas de promoción de apartamentos turísticos y reclama colaboración a los ayuntamientos, competentes en la concesión de las licencias administrativas, para rastrear a los inmuebles fraudulentos. A través de la Dirección General de Consumo, se trabaja para retirar estos pisos del mercado, con posibilidad de sanción para las plataformas por publicidad ilícita.