Llegó el día. Este miércoles miles de afectados por la clínica iDental se concentrarán en el Ministerio de Sanidad para reclamar la implicación del gobierno central en la que se conoce como “la mayor estafa sanitaria que ha sufrido España en las últimas décadas desde el escándalo sanitario del aceite de colza”, que en 1981 mató a 400 personas y afectó gravemente a otras 20.000.
El que lanza el titular es Francisco Camacho, presidente de la Asociación nacional de Afectados por iDental (Adafi España), natural de Alicante, provincia donde en 2014 nació esta cadena lowcost hasta alcanzar 26 centros en todo el país. Pero el cierre simultáneo que se ha venido produciendo en los últimos meses ha dejado “más de 197.000 personas que podrían haber sufrido algún tipo de estafa en los últimos años”, según datos de Adafi y de la asociación Actora Consumo. “Y el número de afectados podría incrementarse ya que desconocemos el número exacto de expedientes que han quedado abiertos tras el cierre de las clínicas”, añade Camacho.
La mayoría de las personas que arrastran problemas físicos derivados de posibles malas praxis -o también problemas económicos por invertir una media de 5.000 euros por unos tratamientos que se han visto interrumpidos- tienen una edad avanzada. Fueron ellas las que al principio dieron la voz de alarma aquejadas de problemas en la boca debido a las operaciones realizadas.
“Tenemos miles de afectados de los que se han quedado con tratamiento a medias una mayoría”, asegura el presidente de Adafi. De ellos se cuenta por centenares los afectados con problemas bucodentales, alimentarios o psicológicos –que están con tratamientos antidepresivos-. Hay también casos de personas “que solo tienen los implantes puestos y llevan un año esperando a que se le ponga la carga protésica, un año en el que solo están pudiendo comer puré”, afirma.
En concreto, en Adafi el registro de afectados supera de momento las 6.000 personas con “barbaridades” de todo tipo, entre las que destaca la considerada, de manera irónica, como “la filosofía de esta empresa”, que ha consistido en la extracción de dientes sanos para colocar al paciente implantes. Asimismo, a Camacho, por ejemplo, una perforación de la membrana nasal le ha provocado una sinusitis crónica.
Adafi también ha venido denunciando casos de contagio por hepatitis C en iDental. En concreto, les consta uno en Aragón y dos en la Comunidad Valenciana. A este respecto, la consellera de Sanidad Ana Barceló afirmó la semana pasada que no les constaba ningún contagio y que por ello no lo estaban investigando.
Reivindicaciones
Además de reparar el daño físico y psicológico causado, los convocantes de la concentración de este miércoles pedirán poder “recuperar el dinero robado”. Con el cierre de toda la cadena de iDental, los afectados se dividen entre los que contrajeron un crédito financiero para pagar el servicio y entre los que pagaron por transferencia bancaria o en efectivo.
Francisco Camacho revela que en el primer caso, “hay algunas financieras que están pasando clientes de iDental a Dentix, otra clínica lowcost”, un hecho que no recomienda “porque también están teniendo problemas similares con sus clientes y al final lo que hacen es un nuevo presupuesto, una refinanciación de lo que ha pasado”.
Con respecto a las personas que pagaron por adelantado el tratamiento, “muchas se han quedado a medias y no tienen a quien dirigirse porque la clínica se encuentra en concurso de acreedores; por desgracia tienen muy pocas posibilidades de recuperar el dinero”.
De la concentración en Madrid, de la que ya hay la confirmación de que saldrán “autobuses llenos” desde Barcelona, Alicante, Valencia o Gijón, esperan traerse de vuelta el compromiso de reunirse con la ministra de sanidad Carmen Montón. Entienden los organizadores que “los responsables directos son las autoridades públicas que son las que nos tienen que dar la soluciones ante la ausencia de una cobertura pública y gratuita de la salud bucodental”.
Del Congreso al Parlamento Europeo
Explican desde iDental y Actora Consumo que en los primeros meses de este año han tenido la oportunidad de juntarse con diputados de distintos partidos en el Congreso de los Diputados donde les trasladaron sus preocupaciones “además de reclamar el desamparo legal y sanitario en el que se han visto envueltos durante tantos años”.
Después de estas reuniones se han constituido en asociación y aglutinan a cientos de personas a nivel estatal. Su caso ha sido tratado incluso en el Parlamento Europeo. Recientemente un gran número de afectados utilizó la plataforma de denuncia social www.osoigo.com para enviar sus peticiones a Bruselas. Así consiguieron que Izaskun Bilbao, europarlamentaria del EAJ-PNV, trasladase una pregunta relacionada con estas estafas en su turno de palabra al “siguiente pleno del Parlamento Europeo”.